La familia afectada y Hablamos Español piden por vía judicial que se evalúe la prueba en castellano al no ser una asignatura lingüística
Una estudiante de 14 años de un colegio en Valencia suspendió la asignatura de Geografía el curso pasado únicamente porque realizó el examen en castellano, que es su lengua materna, en lugar de en valenciano. Durante meses, su familia ha estado tratando de que la Conselleria de Educación califique la prueba, incluso llegando a la vía judicial con la ayuda de la asociación Hablamos Español.
La madre de la estudiante alega discriminación, porque la estudiante demostró conocimientos en la prueba escrita que no justificaban un suspenso. En la impugnación presentada con la asesoría legal de Hablamos Español, se argumenta que se aplicaron criterios de calificación ilegales.
A pesar del cambio de color político en Valencia, el nuevo gobierno de la Comunidad tampoco ha aportado, por el momento, una solución.
Suspenso por completar el examen en castellano y no por los conocimientos en la materia
La alumna avanzó al siguiente curso sin repetir el curso, ya que había aprobado el resto de sus materias. La joven se presentó nuevamente el examen en valenciano, con la intención de obtener el aprobado y eliminar el suspenso de su historial académico. Sin embargo, aún mantiene su demanda para que se reconozca y valore la prueba inicial.
Antes de llegar a esta solución provisional, la madre de la estudiante impugnó el suspenso argumentando que no guardaba relación con los conocimientos de la materia, sino con el idioma en que se completó el examen. La madre también solicitó los criterios de calificación y corrección de las asignaturas que se imparten en valenciano.
La madre ha precisado que no tiene quejas sobre el colegio en el que está matriculada su hija, donde también asiste su hermano menor. Su única solicitud es que se les permita expresarse en su lengua materna en los exámenes para no ver afectado su rendimiento académico, como han expuesto en sus comunicaciones con la Administración.
Según su escrito de impugnación, “a la estudiante no se le calificó en el examen de Geografía, y en una anotación al margen en la hoja del examen, el profesor indicó lo siguiente: No calificada. La estudiante no utiliza la lengua vehicular de la asignatura”.
Hablamos Español advierte que no se trata de un caso aislado
Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, señaló en ABC que “los que estamos a favor de una política lingüística que anteponga los derechos de los alumnos y su mejor educación, a los supuestos derechos de las lenguas, tenemos que agradecerle a esta niña y a su familia su valentía y su tenacidad“.
Hablamos Español ha advertido que este no es un caso aislado y que existen otros estudiantes afectados por realizar exámenes en castellano en lugar de valenciano. Además, señala que no existe una sanción establecida, sino un desorden en las penalizaciones que varía considerablemente de un centro a otro, lo que crea una gran incertidumbre jurídica.
En los documentos presentados ante los tribunales, Hablamos Español ha citado sentencias en Cataluña y Galicia, donde la llamada inmersión lingüística, en la práctica, reemplaza el castellano por el catalán y el gallego, respectivamente, en mayor medida que en la Comunidad Valenciana.
Estas decisiones judiciales subrayan, según la asociación, que los profesores pueden dar clases en el idioma oficial que prefieran, pero eso no implica que los estudiantes deban examinarse en uno u otro idioma por imposición, y tienen derecho a utilizar material didáctico en su lengua materna y a elegir libremente el idioma en el que deseen ser evaluados.
La postura de la Conselleria de Educación
Hablamos Español espera que el cambio en el gobierno de la Generalitat Valenciana solucione estos problemas. Sin embargo, según indica la asociación, la Consejería se ha negado a abordar este caso de manera efectiva, y las respuestas proporcionadas son inconsistentes y excusas sin fundamento.
La Conselleria argumentó, en este caso específico de la estudiante de Valencia, que la situación se debe a una normativa del anterior ejecutivo y que la familia no presentó un recurso de alzada, sino que registró un recurso contencioso-administrativo que aún está pendiente de resolución en los tribunales.
La justificación legal del suspenso se basa en la Ley de Plurilingüismo, que el nuevo Gobierno de Mazón anticipó que se dejará de imponer. El Conseller de Educación, José Antonio Rovira, anunció que esta imposición desaparecerá con la pertinente reforma legal, pero esta que se aplicará en el próximo curso 2023-2024.
