La pesadilla de Pilar, una vecina de La Coruña, ha llegado a su fin tras cinco largos años de lucha judicial y angustia personal, pero las secuelas económicas que deja tras de sí son devastadoras. Tras lograr por fin el desalojo de la mujer de origen marroquí que se había adueñado presuntamente de su vivienda, Pilar se ha encontrado con una sorpresa final: una deuda de casi 4.000 euros en facturas de suministros, principalmente agua, que el sistema le obliga a abonar de su propio bolsillo. Este caso sangrante de indefensión jurídica pone de relieve cómo el Estado protege presuntamente al infractor mientras asfixia al propietario honrado con cargas impositivas y deudas ajenas.
Lo que le ha sucedido a Pilar no es una excepción en la España de Pedro Sánchez. Una muestra de esta voracidad recaudatoria es que Montero deja Hacienda obligando a tributar por alquileres no cobrados en viviendas okupadas, un castigo adicional para quienes ya han perdido el control de su patrimonio.
La okupación como un negocio lucrativo con cargo al propietario
Durante el lustro que duró la okupación, la ocupante marroquí no solo se negó a abandonar el inmueble, sino que presuntamente llegó a extorsionar a la propietaria. Según el testimonio de Pilar, la okupa le exigió el pago de 10.000 euros en efectivo como condición para abandonar la vivienda. Ante la negativa de la dueña, la ocupante continuó disfrutando de los servicios a nombre de Pilar, mientras la administración iniciaba procesos de embargo contra la propietaria por las facturas impagadas.
La sensación de injusticia es absoluta cuando una pensionista ve cómo le embargan parte de sus ingresos para pagar presuntamente los gastos de quien ha usurpado su casa. Un ejemplo de este desprecio por las normas es el de las tres personas detenidas recientemente por el robo de cableado en Rodalies disfrazadas de operarios, mostrando que el fraude y la usurpación son herramientas recurrentes para algunos infractores extranjeros.
Pensiones embargadas por culpa de la impunidad okupa en Galicia
El caso de Pilar ha sido difundido por la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ). La propietaria ha relatado cómo se ha sentido «maltratada por el sistema» al tener que demostrar que ella no era quien consumía el agua en esa vivienda durante esos años. Pilar ha tenido que fragmentar los pagos de sus ahorros y pensiones para no perder el resto de sus bienes, mientras la okupa se marcha presuntamente sin represalia legal alguna.
Esta debilidad institucional solo incentiva el efecto llamada. Recientemente, se ha destapado una red de falsificación de documentos que burla los controles de España para entrar ilegalmente, lo que demuestra que la brecha en nuestras fronteras y en nuestro sistema de vivienda es profunda y muy real.
El estado de indefensión de los propietarios españoles ante la ley
Resulta incomprensible que en un Estado de Derecho se permita que una persona resida presuntamente gratis durante cinco años en una propiedad ajena y que, encima, deje una cuenta de miles de euros en deudas que debe saldar la víctima. Pilar se encuentra ahora con una vivienda que necesita reformas profundas y un agujero financiero de 4.000 euros que nadie le va a devolver. La ley actual parece diseñada para proteger el «derecho a la vivienda» del okupa por encima del derecho sagrado a la propiedad de quien la ha pagado con el esfuerzo de toda una vida.
Es imperativo que se aprueben leyes anti-okupas que permitan el desalojo exprés en 24 horas y que eximan presuntamente de forma automática a los propietarios de abonar facturas de suministros consumidos por ocupantes ilegales. Solo así se podrá recuperar el respeto a la ley y la tranquilidad en nuestros barrios y ciudades.
Fuente: La Gaceta
