El acusado alegó en el juicio que se dio cuenta de que ‘no era tan listo como pensaba’ y volvió a dedicarse a su profesión de mecánico
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revoca la absolución inicial y condena a dos años de prisión a Alejandro B.H. por un delito de administración desleal después de perder el dinero que tres personas le habían confiado para invertir en criptomonedas.
Los hechos se remontan a 2021, cuando el acusado —con formación en mecánica industrial y ‘profesor’ en una academia virtual sobre criptomonedas— ofreció a varios conocidos participar en una inversión garantizada, con una supuesta rentabilidad del 10 al 15% mensual.
Para ello, recibió fondos de tres personas con el compromiso de destinarlos al producto denominado Modesta, que prometía altos rendimientos. Al no producirse las ganancias previstas y acumularse pérdidas, el acusado canceló la operación y transfirió el dinero restante a su cuenta en la plataforma Binance.
‘Intenté hacer alguna operación pero no pude recuperar nada’
Sin informar a los afectados, el acusado utilizó después esos fondos en operaciones de futuros sobre Bitcoin, apostando por una subida del precio que finalmente no se produjo. La inversión resultó fallida y el capital se perdió por completo.
Durante el juicio, recogido por La Vanguardia, Alejandro B.H. negó haberse quedado con el dinero y alegó que se produjo un hackeo y el mercado de bitcoin se desplomó, perdiendo su dinero y el de los inversores.
“Intenté hacer alguna operación pero no pude recuperar nada”, se lamentó el procesado, que añadió que, al darse cuenta de que “no era tan listo como pensaba” y decidió volver a ejercer como mecánico.
De inversión con rentabilidad ‘garantizada’, a delito de administración desleal
El tribunal concluye que el acusado incurrió en administración desleal, al gestionar de manera indebida recursos ajenos, aunque no se haya probado si obtuvo un beneficio personal. “Se reúnen todos los requisitos del delito, sin que sea preciso acreditar un enriquecimiento del acusado”, señala la sentencia.
La condena establece una pena de dos años de prisión y deja firme la responsabilidad del procesado por los perjuicios económicos ocasionados a los tres denunciantes.
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