La inseguridad ciudadana en Cantabria ha alcanzado un punto de no retorno que ha obligado a VOX a tomar medidas drásticas en sede parlamentaria. La diputada y portavoz de la formación en la región, Leticia Díaz, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) de extrema urgencia en la que se exige el cierre definitivo de todos los centros de menores extranjeros no acompañados (MENAs) que operan en territorio cántabro. Esta petición surge tras meses de denuncias vecinales por el aumento de los presuntos robos, agresiones y actos de vandalismo cometidos en los entornos de estos centros, que se han convertido presuntamente en focos de conflicto permanente.
Este clima de tensión y miedo no es exclusivo de los cántabros. En toda España, la sensación de desamparo frente a la inmigración ilegal es creciente, con sucesos tan graves como la violación de una joven en Valencia por parte de un presunto agresor magrebi, un hecho que demuestra que la falta de control sobre quién reside en nuestro territorio tiene consecuencias devastadoras.
El fracaso del modelo de los centros de menas y su impacto vecinal
Para VOX, el actual sistema de acogida de menores extranjeros es un presunto pozo sin fondo de recursos públicos que no logra integrar a los jóvenes y solo genera problemas de convivencia radicales. La formación sostiene que estos centros actúan como un efecto llamada para las mafias del tráfico de personas. Los vecinos de los municipios afectados han relatado situaciones insostenibles: presuntas intimidaciones a ancianos, hurtos constantes en comercios locales y un sentimiento de peligro que ha cambiado los hábitos de vida de barrios enteros.
La delincuencia asociada a la inmigración ilegal no se detiene en los centros de menores. Hemos visto situaciones como la de las personas detenidas por el robo de cableado en Rodalies disfrazadas de operarios, mostrando que el fraude y la usurpación son herramientas comunes para quienes no respetan nuestro ordenamiento jurídico.
VOX exige el aumento de policías y tolerancia cero con el crimen
La propuesta de VOX en el Parlamento de Cantabria no se queda solo en el cierre de los centros; exige también una dotación excepcional de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las zonas más conflictivas de la región. La «tolerancia cero» contra la delincuencia debe ser la consigna de cualquier gobierno responsable. La iniciativa parlamentaria busca presuntamente forzar al resto de partidos a posicionarse: o están con los vecinos que sufren las consecuencias de la inmigración descontrolada o están con un modelo de «brazos abiertos» que solo ha traído caos.
La lucha de VOX por el orden en los barrios se enfrenta al muro ideológico de una izquierda que prefiere atacar a la policía que proteger al ciudadano. Solo hay que recordar que la policía denuncia órdenes «desde arriba» para liberar a detenidos tras agredir gravemente a agentes, un escándalo que explica por qué los delincuentes se sienten intocables.
Un grito de socorro desde los barrios periféricos de Cantabria
Los testimonios recogidos por VOX en las últimas semanas reflejan una desesperación absoluta. Comerciantes que cierran antes para no ser víctimas de presuntos atracos y padres que no permiten que sus hijos jueguen en los parques cercanos a los centros de menas. Leticia Díaz ha denunciado que estas realidades son silenciadas de manera sistemática por los medios oficiales para no «alimentar el discurso de la derecha», pero la verdad de los barrios es imparable.
La soberanía de Cantabria y de España comienza por el control de sus calles. El cierre de los centros de menas es una cuestión de justicia social y de protección del más débil: el ciudadano nacional que cumple las normas y teme que su zona se convierta en un barrio de no-derecho. Mientras otros partidos divagan sobre agendas internacionales, VOX mantiene su compromiso con la ley y el orden, exigiendo que se ponga fin a un modelo de acogida que ha demostrado ser presuntamente un rotundo fracaso.
Fuente: El Diario Montañés
