Más 120 trabajadores sociales han denunciado la concesión de subsidios, pese a informes técnicos desfavorables y presuntas presiones políticas
El Grupo Parlamentario VOX, a través de su portavoz Emilio Jiménez Román, ha registrado dos nuevas iniciativas en el Parlamento de Navarra con el objetivo de aumentar la transparencia y el control sobre la Renta Garantizada, una prestación que el Gobierno foral destina actualmente más de 100 millones de euros anuales, según datos de la Cámara de Comptos.
Por un lado, Jiménez ha exige, en una petición de información al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, un listado completo de los receptores de la Renta Garantizada desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026, desglosado por país de origen y cuantía económica mensual percibida.
Y, por otro, preguntará a la presidenta Navarra, María Chivite en la próxima sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Navarra si un inmigrante ilegal puede acceder a la Renta Garantizada, tras las últimas informaciones que apuntan al cobro de esta prestación por parte de personas en situación irregular en nuestro país.
La polémica nace en Pamplona
Estas actuaciones se enmarcan en el contexto de las recientes polémicas en el Ayuntamiento de Pamplona. Allí, más de 120 trabajadores han denunciado la concesión de subsidios, pese a informes técnicos desfavorables y presuntas presiones políticas. También responden al fuerte incremento del gasto en esta prestación y a las sospechas de fraude generalizado.
La Cámara de Comptos ha alertado en informes recientes de un alto porcentaje de expedientes con incumplimientos (hasta el 76% en las inspecciones realizadas), mientras que diversos medios han destacado que alrededor de dos tercios de los perceptores son extranjeros, una proporción que multiplica por siete el peso poblacional de los inmigrantes en Navarra.
Comisión de investigación
VOX ya solicitó el año pasado una comisión de investigación sobre la Renta Garantizada tras el informe de la Cámara de Comptos que denunciaba descontrol y numerosos incumplimientos. La propuesta fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.
Para el parlamentario foral Emilio Jiménez Román, “la Renta Garantizada debe priorizar a los navarros y a los españoles que realmente la necesitan. No puede convertirse en un subsidio indefinido ni en un efecto llamada para quienes no tienen vínculo legal con Navarra. Exigimos que sea una ayuda condicionada y orientada a la consecución de un empleo real, con una fiscalización estricta que evite fraudes y garantice que el dinero de todos los contribuyentes se destine a quienes más lo merecen”.
Ley Foral de Navarra
Jiménez Román ha criticado con dureza que la legislación foral vigente (Ley Foral 15/2016) permita el acceso a esta prestación a inmigrantes en situación irregular, sin exigir residencia legal en España.
Es decir, un inmigrante ilegal puede percibir 790,28 euros mensuales (cuantía base actualizada en 2026 a 810,83 euros), siempre que cumpla los requisitos objetivos de edad y falta de ingresos suficientes.
VOX ha considerado esta situación “un grave abuso del sistema público” y ha insistido en que “las medidas de control son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de la Renta Garantizada y su verdadero objetivo: proteger a las personas vulnerables de Navarra sin generar desincentivos al empleo ni cargar indebidamente sobre el presupuesto foral”.
