Vox ha propuesto retirar la nacionalidad española adquirida a inmigrantes condenados por pertenencia a organización criminal, además de proceder a su expulsión del país. La iniciativa ha sido registrada en la Asamblea de Comunidad de Madrid mediante una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el grupo liderado por Isabel Pérez Moñino.
Según el texto presentado, la formación argumenta que la región vive un “aumento sostenido de la criminalidad”, especialmente en delitos como asesinatos y tráfico de drogas. En este sentido, Vox sostiene que estas actividades están vinculadas a grupos criminales cada vez más organizados, violentos y con mayor capacidad de intimidación.
Propuesta legal y constitucional
Además, Vox defiende que su planteamiento tiene encaje en el marco legal vigente. En concreto, cita el artículo 11 de la Constitución Española, que regula el régimen de la nacionalidad y permite establecer causas para su pérdida en casos determinados. Por tanto, la formación considera viable promover una reforma que contemple esta medida.
Asimismo, se apoya en el artículo 25.2 de la Constitución, que regula la orientación de las penas, para justificar que se puedan adoptar medidas complementarias en materia de extranjería, más allá del cumplimiento de condenas.
Relación con la criminalidad y debate político
Por otro lado, Vox señala que la presencia de personas de origen extranjero que han adquirido la nacionalidad española, junto al uso de menores inimputables por parte de redes delictivas, introduce nuevos retos en materia de seguridad. De este modo, el partido plantea abrir un debate legislativo tanto a nivel autonómico como estatal.
En paralelo, la propuesta busca el respaldo del Partido Popular en la Asamblea madrileña. Sin embargo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado su apoyo al considerar que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para abordar cambios en materia de nacionalidad.
Respuesta de Ayuso y recorrido de la iniciativa
En consecuencia, Ayuso ha instado a Vox a trasladar esta propuesta a las Cortes Generales, que son el órgano competente para legislar sobre nacionalidad. Además, ha adelantado que el Partido Popular votará en contra de la iniciativa en la Asamblea, donde cuenta con mayoría absoluta.
Mientras tanto, el debate político queda abierto en torno a una propuesta que introduce cambios significativos en el ámbito de la nacionalidad y la política migratoria, y que previsiblemente seguirá generando confrontación entre los distintos partidos en el ámbito nacional.
