Vox y PP firman un acuerdo de gobierno de 60 puntos para el cambio político en Extremadura

El acuerdo de gobierno tiene un apartado específico para remediar el daño causado a Extremadura por la incompetencia y el sectarismo del PSOE

Con la firma del acuerdo de gobierno para Extremadura entre Vox y PP, María Guardiola será la primera presidenta de la Junta y Vox entrará en el Ejecutivo al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Una de las consecuencias inmediatas del acuerdo de hoy ha sido que el candidato socialista, Fernández Vara, ha propuesto suspender su debate de investidura (iba a celebrarse el 5 y 6 de julio) para que la presidenta de la Asamblea de Extremadura reabra las consultas de nuevas candidaturas.

PP y Vox han divulgado los 60 puntos para el cambio político en Extremadura, organizados en apartados como economía, fiscalidad, educación y reversión de las nefastas políticas socialistas, entre otros puntos.

La dirección de Vox señaló que “La prioridad era expulsar al socialismo de una de las tierras más maltratadas por sus políticas, y lo hemos conseguido”. El pacto de 60 medidas para un gobierno del cambio garantiza que el nuevo Ejecutivo extremeño tenga en cuenta las prioridades prioridades políticas de Vox “para una región a la que el socialismo ha puesto a la cola de Europa“.

Resumen del pacto de gobierno

Entre los 60 puntos del acuerdo alcanzado con el PP destacan los siguientes:

 Materia económica, fiscal e industrial

• La rebaja integral de impuestos en los primeros 100 días de gobierno, incluyendo ITP, IRPF en todos sus tramos, especialmente las rentas bajas, y la eliminación de Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio.
• El impulso de un Plan de Fomento del Empleo para crear empleo de calidad.
• La protección de las PYMEs, especialmente el comercio local y artesano.
• La aprobación de un Plan Industrial para Extremadura 2023-2027
• La protección de los activos industriales de la región, como la central nuclear de Almaraz y la presa de Valdecaballeros.

En el marco rural y cultural

• La defensa de la caza y su valor medioambiental, así como contrarrestar los perjuicios de la Ley de Bienestar Animal.
• La protección de la tauromaquia.
• La revisión de las políticas verdes y de la PAC para evitar pérdidas y sobrecoste a los productores, así como la eliminación de la burocracia verde.
• El impulso del regadío y la mejora de las infraestructuras del agua.
• Favorecer la exploración y explotación de los recursos de la región.
• La puesta en marcha de medidas para garantizar la seguridad de las explotaciones agrarias.
• El impulso de las zonas rurales para garantizar los servicios públicos en todo el territorio. ‘Plan de impulso de la España Rural’.

Materia educativa y social

• Garantizar la neutralidad ideológica en las aulas, la libre elección de centro y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones.
• Un Plan Estratégico para reducir las listas de espera y atraer personal sanitario a la región.
• Una Ley Integral de Protección a la Familia que fomente la natalidad, implemente rebajas fiscales y ayudas a gastos ordinarios de las familias y apoye el acompañamiento a mayores y dependientes.
• Un aumento del parque de vivienda y el aval, por parte de la Junta, de parte del coste de la primera vivienda a jóvenes.
• La defensa de los derechos de las familias y el esfuerzo para erradicar los discursos machistas que, desde el ámbito civil o religioso, promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

Reversión del legado socialista

• La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Extremadura, aprobada en 2018.
• La reivindicación de infraestructuras justas para Extremadura, incluyendo el cumplimiento de plazos del AVE.
• La revisión de la política de subvenciones para acabar con el despilfarro ideológico. Reducción de las subvenciones a patronal y sindicatos.
• La creación de un punto de atención a las víctimas de la ocupación ilegal.

Un organismo de control revisará el cumplimiento

Otras medidas contemplan facilitar el nombramiento del senador por designación autonómica que proponga Vox para defender los intereses del campo español y su modo de vida. Además, se modificará el reglamento de la Asamblea para garantizar la presencia proporcional de los partidos en la Mesa y evitar cacicadas como la perpetrada hace unos días que dejó a Vox sin representación.

Un órgano de control y seguimiento revisará el cumplimiento del acuerdo de gobierno. El titular de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, integrante de Vox, presidirá el organismo, cuya composición será acordada entre ambos partidos.