El anuncio del centro desata preocupación y protestas vecinales
El municipio cántabro de Cartes vive días de tensión e incertidumbre tras confirmarse la apertura de un centro de acogida para 18 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, gestionado por la Fundación Cuin.
La ausencia de información oficial sobre el traslado y las condiciones del alojamiento ha generado un profundo malestar entre los vecinos y el propio Ayuntamiento, que exige explicaciones al Gobierno regional.
Una casa de tres dormitorios para 18 menores
El inmueble designado para la acogida es una vivienda unifamiliar con solo tres dormitorios, lo que ha despertado serias dudas sobre su capacidad real.
La alcaldesa Lorena Cueto asegura que el Consistorio no se opone a la llegada de los menores, pero sí a las condiciones del alojamiento.
“Queremos que los niños vivan con dignidad. Nadie rechaza su llegada, pero esta vivienda no cumple los requisitos mínimos”, declaró la regidora.
Malestar y polarización en el municipio
El Pleno municipal del viernes se celebró en un ambiente tenso, con la presencia de numerosos vecinos que exigieron información y transparencia.
Aunque los residentes decidieron frenar las concentraciones diarias para evitar enfrentamientos, el malestar continúa creciendo.
Desde el Ayuntamiento se acusa al Gobierno de Cantabria de actuar con “oscurantismo” y falta de comunicación. Cueto afirma que el Consistorio “se ha enterado de los detalles a través de la fundación gestora y no del Ejecutivo autonómico”.
Refuerzo policial y medidas de seguridad
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha reforzado la presencia policial en la zona, desplegando agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO).
El delegado Pedro Casares aseguró que la prioridad es “proteger tanto a los menores como al personal del centro” y pidió “evitar discursos de odio o desinformación”.
“Son niños en situación vulnerable. Merecen protección, no señalamiento”, enfatizó Casares.
El Ayuntamiento intensifica las inspecciones del inmueble
En paralelo, los servicios municipales han llevado a cabo inspecciones técnicas en la vivienda para comprobar que cumple la normativa regional.
El Ayuntamiento insiste en que su objetivo no es paralizar el proyecto, sino “garantizar que se respete la ley y que los menores reciban la atención adecuada”.
Llamamiento a la calma y al diálogo institucional
Desde el consistorio y la Delegación del Gobierno se hace un llamamiento a la calma y a la coordinación entre administraciones para evitar que la situación derive en confrontación social.
Los vecinos, por su parte, aseguran que sus protestas no son contra los menores, sino “contra la falta de transparencia y planificación”.
