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Otros 17 años de cárcel para el preso marroquí que estranguló a su compañero de celda en Sevilla-II

Otman E.K. asfixió con un cordón al español, Rafael Enrique: la Administración es responsable subsidiaria del crimen

Instituciones penitenciarias juntó en la misma celda a un criminal de conocida peligrosidad y a un delincuente común con una pena corta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó por completo la condena de 17 años de prisión que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso al interno de la cárcel Sevilla-II, en Morón de la Frontera.

El preso marroquí, Otman E.K., mató a su compañero de celda, el español Rafael Enrique, en febrero de 2023 al asfixiarlo con un cordón, recuerda El Diario de Sevilla.

Un jurado popular declaró al magrebí culpable de asesinato con la atenuante simple de confesión. Los magistrados le impusieron 17 años de cárcel y el pago de 257.809,47 euros a los familiares de la víctima.

La sentencia también estableció la responsabilidad civil subsidiaria de Instituciones Penitenciarias por juntar a un preso común con un criminal peligroso.

Lo inmovilizó con un mataleón y lo estranguló inconsciente

El 28 de febrero de 2023, después de la comida del mediodía, Otman E.K. subió a la celda que compartía con la víctima. Sobre las 15:30 horas, aprovechó que su compañero estaba sentado de espaldas en una silla. Se acercó por detrás, lo sorprendió y le apretó el cuello con manos y brazos, con la técnica conocida como mataleón.

Cuando la víctima quedó inconsciente en el suelo, el agresor anudó un extremo del cordón al cuello y el otro a la barra de la litera para completar la ahorcadura. La muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulación.

Instituciones Penitenciarias responde civilmente por fallos de control

El TSJA mantuvo la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración penitenciaria. Los magistrados señalaron que “los controles internos fallaron” y por ello “debe responder civilmente con carácter subsidiario la administración encargada de la custodia”.

El tribunal explicó que la Administración no aclaró por qué asignó celda compartida a un interno con numerosas incidencias disciplinarias y traslados previos junto a otro preso que cumplía una condena corta por daños.

“En el caso que nos ocupa, no se han despejado las dudas por quien correspondía hacerlo, en este caso la administración penitenciaria”, concluye la resolución.

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