El Tribunal de Cuentas ha puesto nombre, cifras y responsables a lo que ya muchos dentro del sector sanitario sospechaban: un descontrol multimillonario en la compra de medicamentos, ejecutado durante años en los hospitales públicos de Ceuta y Melilla, ambos gestionados directamente por el Ministerio de Sanidad a través del Ingesa.
La compra a dedo de medicamentos —la palabra clave principal de este artículo— no aparece como una excepción, sino como un método de funcionamiento estructural.
Según el informe fiscalizador fechado el 27 de noviembre, al que ha tenido acceso ABC, ambos centros ejecutaron entre 2022 y 2023 26,9 millones de euros en fármacos sin ningún procedimiento legal, sin publicidad, sin concurrencia y sin las garantías mínimas exigidas por la contratación pública. Una bomba.
Un sistema paralelo de compras: 91% compra a dedo de medicamentos
El documento es demoledor: en el Hospital Comarcal de Melilla, el 91% de los medicamentos se adquirieron mediante “pedidos mensuales” directos a los proveedores.
En Ceuta, la cifra baja, pero sigue siendo escandalosa: 49% del total.
Nada de concursos. Nada de transparencia. Nada de igualdad entre empresas.
El periodo auditado abarca los años en los que el Ministerio estuvo dirigido por el socialista José Manuel Miñones, hasta el relevo en 2023 por Mónica García, que heredó el descontrol.
Estas compras, asegura el Tribunal, vulneran de lleno la Ley de Contratos del Sector Público y abren la puerta a precios no competitivos, favoritismos y pérdida de dinero público. La pregunta que el organismo deja flotando es evidente: ¿cómo ha podido sostenerse durante años un sistema tan irregular sin que nadie lo frenara?
2.233 productos y 269 empresas: fraccionamiento masivo y opacidad total
El análisis revela otra capa del problema: fraccionamiento de contratos para sortear los límites del contrato menor.
En Melilla, por ejemplo, 5.339 pedidos de 257 artículos superaron los 15.000 euros, pero fueron troceados para ocultar su carácter real.
Además, los hospitales llegaron a adquirir 2.233 productos distintos de 269 empresas, un mosaico de proveedores imposible de fiscalizar sin un sistema reglado. Aunque algunos fármacos eran exclusivos, muchos otros podían haber participado en licitación competitiva. Pero no se hizo.
El Tribunal concluye sin matices:
“Debe eliminarse de inmediato la práctica de compras directas de productos farmacéuticos.»
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Avisos ignorados: la Intervención ya había alertado en 2021
Lo más grave es que el problema no era desconocido.
Un informe previo de la Intervención de la Seguridad Social ya detectó en 2021 que el 56% del gasto de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla no estaba respaldado por contrato alguno.
Es decir: los avisos estaban ahí. Pero nadie actuó.
El órgano fiscalizador insiste en un punto clave: la falta de planificación.
Los hospitales compraban con una rotación de stock de apenas un mes, lo que sugiere improvisación permanente… o algo peor.
Un patrón que recuerda a otros escándalos recientes
El caso no es aislado. El descontrol en la contratación pública, opacidad en compras y abuso del contrato menor se viene repitiendo en distintas administraciones.
Basta recordar cómo el Tribunal de Cuentas anunció que investigará el coste real de la inmigración ilegal gracias a Vox, abriendo otra grieta en la vigilancia del gasto estatal. Puedes profundizar en ello en “el Tribunal de Cuentas investigará el coste real de inmigración ilegal gracias a Vox” (), una pieza que muestra cómo el organismo ya ha puesto el foco en varios frentes sensibles del gasto público.
También resuena con los sucesivos escándalos vinculados al Gobierno central, incluidos los relativos a familiares del presidente. Un ejemplo es “gastos hermano Pedro Sánchez Moncloa” (), donde se detallan otras irregularidades detectadas en ámbitos cercanos al Ejecutivo.
Estos paralelismos generan un clima claro: la ciudadanía percibe que los mecanismos de control están fallando.
¿Y ahora qué puede pasar?
El Tribunal ha lanzado sus recomendaciones, pero queda por ver si Sanidad las asume y, sobre todo, si se depuran responsabilidades.
Porque el informe no habla de errores administrativos: describe un sistema consolidado que permitió gastar casi 27 millones sin garantías legales.
Las preguntas que quedan en el aire son inevitables:
¿Se investigarán responsabilidades políticas o administrativas?
¿Habrá revisión de los contratos y precios abonados?
¿Se abrirá la puerta a sanciones disciplinarias?
¿Qué hará Mónica García para demostrar ruptura con la etapa anterior?
Lo que sí deja claro el Tribunal es que este modelo no puede continuar. No cuando se trata de fondos públicos. No cuando el gasto farmacéutico es uno de los grandes agujeros del sistema sanitario. No cuando se exige austeridad a ciudadanos y comunidades.
El trasfondo: un Ministerio que pierde el control de sus propios hospitales
Ceuta y Melilla dependen directamente del Estado, no de autonomías. Por eso este escándalo golpea de lleno al Ministerio.
Si el Gobierno exige a los demás rigor presupuestario, ¿cómo explica que sus propios hospitales funcionaran casi sin reglas durante años?
El impacto político es evidente. Y la oposición no tardará en convertir este informe en un nuevo frente de desgaste para Moncloa.
