La actual Ministra de Hacienda se encuentra en una posición cada vez más incómoda
Las investigaciones judiciales y los constantes escándalos que sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE están colocando a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una situación política cada vez más delicada. Aunque no ha sido imputada ni señalada formalmente, su nombre aparece vinculado de manera indirecta a varios casos que afectan a personas de su entorno más cercano, tanto en Moncloa como en Ferraz y en el PSOE andaluz, del que es líder.
En las últimas dos semanas se han sucedido hechos que erosionan su triple rol: vicepresidenta del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE andaluz. Entre los episodios más relevantes se encuentran el escándalo sexual vinculado a Francisco Salazar, las denuncias fiscales contra el dirigente socialista Antonio Navarro y, sobre todo, la detención de Vicente Fernández, exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y colaborador directo de Montero. Además, la investigación involucra a Leire Díez, conocida como la “fontanera socialista”, pieza clave en las pesquisas.
El caso más comprometededor para Montero es el de Fernández. La vicepresidenta ha intentado marcar distancias públicamente, refiriéndose a él como “ese señor”, pero la evidencia muestra un vínculo político estrecho y prolongado. Fue Montero quien lo nombró al frente de la SEPI en 2018, tras su llegada al Ministerio de Hacienda. Anteriormente, en su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, lo había designado interventor general del Ejecutivo autonómico.
Fuentes de la investigación señalan que, tras abandonar la SEPI en 2019, Fernández continuó operando desde un inmueble cercano a la sede de la entidad pública, lo que refuerza la percepción de proximidad política y la gravedad del caso. La operación judicial, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ha marcado un punto de inflexión al conectar distintas tramas que afectan al PSOE.
En este contexto, cobran relevancia Leire Díez y la empresa Servinabar, co-propiedad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que contrató a Fernández como director comercial. Actualmente, Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, socio de Cerdán, enfrentan acusaciones de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Fuentes del PSOE andaluz reconocen la cercanía política entre Montero y Fernández: “Era su mano derecha en la consejería, cien por cien de Montero”, indican. También recuerdan que Francisco Salazar, vinculado al caso sexual, formaba parte del núcleo del socialismo andaluz pese a su relación directa con el presidente Sánchez.
Para mitigar el impacto de los escándalos, Moncloa anunció la destitución de Antonio Hernández, director del Departamento de Coordinación Política de la Presidencia del Gobierno y miembro de la Ejecutiva del PSOE andaluz. Sin embargo, Montero continúa tratando de distanciarse de Fernández, afirmando que no ha mantenido contacto con él en los últimos seis años y que desconocía las actividades de Servinabar hasta que se hicieron públicas.
A pesar de los casos judiciales que sacuden al PSOE, Montero ha logrado mantenerse al margen. Su entorno describe un perfil prudente, cauteloso y reticente a involucrarse en decisiones comprometidas, un patrón similar al del propio Pedro Sánchez.
El desgaste político de Montero llega en un momento crítico, con apenas siete meses para las elecciones autonómicas en Andalucía. Su liderazgo en el PSOE andaluz y su posible candidatura a la presidencia autonómica están bajo presión debido a las malas perspectivas electorales y la erosión de su imagen.
En el plano legislativo, Montero enfrenta dos frentes delicados. Primero, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que esta semana sufrió un nuevo revés en el Congreso tras el rechazo de PP, VOX, Junts y UPN, y la abstención de Podemos. Segundo, la negociación sobre financiación autonómica, que mantiene directamente con ERC, complicando su liderazgo en Andalucía y su eventual candidatura.
En el Congreso y el Senado, Montero ha mostrado una actividad irregular, con varias ausencias justificadas por compromisos oficiales, muchas sin reflejo en la agenda pública. Su amplia cartera de responsabilidades delegadas por Sánchez convierte su agenda en un verdadero rompecabezas, especialmente en un contexto de sucesión de escándalos y avance de investigaciones judiciales.
El desenlace de los próximos meses es incierto, justo cuando María Jesús Montero debería abandonar el Gobierno para encarar unas elecciones autonómicas que se presentan especialmente complicadas frente al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
