‘Economía circular’: la trama ofrecía a empresarios la venta de inmuebles emblemáticos a cambio de comisiones y Servinabar asumía las reformas
‘Economía circular’ con patrimonio público: Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, ex protegido de la vicepresidenta Montero, ofrecían a empresarios la adquisición de edificios históricos pertenecientes a Correos junto con financiación pública a cambio de comisiones. Fuentes conocedoras de las negociaciones indicaron a El Español que Díez y Fernández mostraban estos inmuebles a posibles interesados.
El ya famoso trío proponía a los interesados edificios ubicados generalmente en zonas emblemáticas de distintas ciudades, y se destinaran a usos hoteleros una vez adquiridos. En fases posteriores de las conversaciones, presentaban a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, para que la constructora de la trama asumiera directa o indirectamente las reformas necesarias.
Entre las últimas redadas policiales en el marco de esta investigación, la Guardia Civil registró la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Vicente Fernández presentaba su dirección de la SEPI como garantía de éxito
Vicente Fernández presentaba su influencia en la SEPI como garantía de éxito en las operaciones y en la obtención de ayudas públicas. Los empresarios recibían propuestas de financiación para la compra y las reformas mediante la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).
Fernández buscaba a los posibles inversores interesados, mientras que la presencia de Leire Díez, quien ocupó la dirección de Relaciones Institucionales de Correos desde finales de 2021 hasta marzo de 2024, demostraba el alcance de la red.
Operaciones infrecuente y complejas
Los edificios ofrecidos se encontraban en regiones como Madrid, Vascongadas y Andalucía. Durante el periodo de Díez en Correos, la sociedad vendió inmuebles en ciudades como Almería, Castellón, Valencia o Barcelona.
Fuentes cercanas a Correos confirmaron al citado medio que la empresa pública estudia habitualmente este tipo de transacciones, porque «Son muchas las empresas que se interesan por edificios icónicos de la sociedad», explican. Sin embargo, estos procesos resultan poco frecuentes por su complejidad, ya que exigen la autorización del consejo de administración de Correos y de la SEPI.
