La Guardia Civil continúa investigando las presuntas corrupciones del Partido Socialista y su entorno cercano
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su investigación en Asturias dentro de una supuesta red de cobro de comisiones ilegales, actualmente bajo seguimiento de la Audiencia Nacional. En el foco de las pesquisas se encuentra un contrato público valorado en 2,8 millones de euros para la demolición y retirada de las antiguas baterías de coque de Avilés, situadas en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA).
La adjudicación, que se formalizó a finales de 2021, fue otorgada a una unión temporal de empresas formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente. Según el sumario judicial, este contrato habría sido utilizado para canalizar una presunta comisión de 400.000 euros, que habría beneficiado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso.
Los investigadores sostienen que los implicados podrían haber influido en la mesa de contratación, facilitando la adjudicación del contrato a cambio de pagos realizados por la empresa beneficiaria. Estos movimientos económicos habrían buscado, además, dificultar el rastreo del dinero y ocultar el origen de las comisiones, según las fuentes judiciales.
El juez encargado del caso afirma que la mordida habría sido fragmentada mediante operaciones financieras diseñadas para disfrazar su procedencia, una práctica habitual en este tipo de tramas de corrupción, según el informe de la UCO. Actualmente, la investigación se centra en reconstruir el recorrido exacto de los fondos y determinar el grado de implicación de cada sospechoso.
Este contrato en el PEPA no es un caso aislado. Forma parte de un conjunto de cinco adjudicaciones que están bajo análisis por la Guardia Civil, dentro de un procedimiento que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción. El proceso permanece bajo secreto de sumario.
En total, los investigadores intentan esclarecer si entre 2021 y 2023 los implicados pudieron repartirse hasta 750.000 euros en comisiones a cambio de facilitar contratos y ayudas públicas a empresas vinculadas directa o indirectamente con el entorno de la SEPI. La pieza asturiana se perfila como un elemento clave para comprender el funcionamiento global de esta presunta trama de corrupción política.
