La asfixia regulatoria de la UE y los costes inasumibles hunden al sector lácteo nacional en beneficio de la competencia desleal extranjera
Es el drama silencioso y constante de la España vaciada que ningún gobierno quiere mirar de frente. Galicia, el histórico motor lácteo de nuestro país y reserva espiritual de nuestra ganadería, se está desangrando lentamente. Los datos son tan fríos como aterradores: desde el año 2012, la comunidad ha perdido la mitad de sus granjas de leche. Un desastre demográfico y económico que debería abrir todos los telediarios, pero que el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere ignorar para no molestar a sus socios ecologistas.
Y para añadir insulto a la herida abierta, mientras nuestros ganaderos se ven obligados a cerrar sus explotaciones por no poder cubrir ni siquiera los costes de producción, España empieza a importar leche de Marruecos. Es la tormenta perfecta de la incompetencia política y la traición al sector primario: exigimos a nuestros productores unos estándares sanitarios, laborales y medioambientales de primer mundo —con los enormes costes que ello implica— y, al mismo tiempo, abrimos las puertas de par en par a productos de terceros países que no cumplen ni la mitad de esas normas y que, por tanto, revientan el mercado con precios mucho más bajos.
Competencia desleal patrocinada por Bruselas y Madrid
Lo que está ocurriendo es un caso de libro de competencia desleal, pero esta vez patrocinada por nuestras propias instituciones en Bruselas y Madrid. No se puede competir con una mano atada a la espalda por la burocracia de la Agenda 2030 y con la otra sosteniendo facturas de luz, pienso y gasóleo por las nubes, mientras tu competidor marroquí produce sin ninguna de esas trabas y con mano de obra barata.
No solo estamos destruyendo empleo y tejido rural, acelerando la despoblación de zonas enteras de Galicia; estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Depender de Marruecos para algo tan básico como beber leche es un suicidio estratégico de proporciones colosales. ¿Qué pasará el día que Rabat decida cerrar el grifo o subir los precios a su antojo? Estaremos completamente a su merced, como ya lo estamos en materia de inmigración o seguridad.
Los ganaderos no piden limosna
Es importante recalcar que los ganaderos gallegos no quieren subvenciones ni «paguitas» para callar bocas. Lo que quieren son precios justos por su trabajo y poder jugar con las mismas cartas que sus competidores internacionales. Pero el fanatismo climático de las élites urbanitas ha declarado la guerra al campo, criminalizando su actividad y asfixiándolos con normativas absurdas.
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O defendemos lo nuestro con uñas y dientes o acabaremos comiendo y bebiendo lo que quieran otros, al precio y con la calidad que ellos decidan. Defender a los ganaderos gallegos no es solo una cuestión económica, es defender la supervivencia de España como nación soberana.
