Las adjudicaciones en el Proyecto Haz han sido muy controvertidas: de los 14,4 millones destinados, el 96,2% fue a solo tres grandes compañías
Evidentemente, en La 1 o en Canal 24h no te lo van a contar. De hecho, ni sus propios trabajadores lo saben. Pero sí lo confirmamos ya en LA BANDERA; otro escándalo de dudosa ética y legalidad que salpica al Gobierno PSOE y a RTVE.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto una investigación contra RTVE tras una denuncia anónima presentada en febrero de 2025, poniendo bajo escrutinio la administración de más de 117 millones de euros recibidos de los fondos Next Generation desde 2022.
Esta pesquisa abarca proyectos clave como el Proyecto Haz, Generación D y la modernización de RTVE Play, en medio de acusaciones de despilfarro, procedimientos opacos y favoritismo hacia grandes empresas.
Según fuentes cercanas a la corporación pública que recoge El Mundo, RTVE ha tenido que devolver cerca de 30 millones de euros en 2024, más 1,3 millones en intereses, por no cumplir con los objetivos establecidos.
El controvertido Proyecto Haz
El Proyecto Haz, que inicialmente recibió 76,8 millones para formación digital y producción de contenidos, vio reducida su ejecución al 61,7%, con un coste por alumno que se disparó de 1.884 a 2.567 euros. En noviembre de 2024, la presidenta interina Concepción Cascajosa ordenó esta devolución sin informar al Consejo de Administración, lo que ha generado sospechas de irregularidades.
Las adjudicaciones de contenidos audiovisuales en el Proyecto Haz han sido particularmente controvertidas. De los 14,4 millones destinados, el 96,2% fue a parar a solo tres grandes compañías: Mediapro (54,53%), Catorce Comunicación (30,84%) y Grupo Squirrel (10,84%), excluyendo a la mayoría de las pymes pese a los requisitos europeos de priorizarlas.
Más subcontrataciones de las permitidas
Además, RTVE superó el límite del 50% en subcontrataciones, violando la normativa inicial del Real Decreto 219/2022. Un informe de la Abogacía del Estado presentado en el Comité de Auditoría en enero de 2024 resultó ser inexistente o basado en un caso no comparable, lo que agrava las alegaciones de opacidad.
Otro foco de la investigación es el programa Brigada Tech, parte de Generación D (21,5 millones), con un coste de 7.804 euros por minuto y una audiencia media del 2,8% en La 1. Impuesto por el Ministerio de Economía con la intervención de la exsecretaria de Estado Carmen Artigas, este espacio ha sido criticado por sus altos honorarios y baja rentabilidad.
RTVE Play, con 20 millones invertidos, alcanzó un 85,4% de ejecución, pero dependió excesivamente de estos fondos debido a la falta de inversión previa.
Sobrecostes alarmantes
Proyectos adicionales como Verifica I+D+i muestran sobrecostes alarmantes: de 247.000 euros previstos a 724.000 reales. El Plan de Comunicación adjudicó 2,5 millones a Equmedia XL sin documentación completa.
La investigación, liderada por OLAF, obliga a RTVE a justificar todos los gastos. Eduardo Fernández Palomares, director de Servicios Corporativos y exsubsecretario de Cultura, coordina la respuesta junto a la SEPI y el Ministerio de Cultura. Bajo la presidencia actual de José Pablo López, la corporación enfrenta posibles sanciones que podrían impactar su viabilidad financiera y credibilidad.
Este escándalo resalta los problemas crónicos en la gestión de fondos europeos en entidades públicas españolas, con implicaciones para futuras asignaciones.
RTVE, negociadora inicial bajo José Manuel Pérez Tornero en 2022, ha visto sucesivos cambios de liderazgo –Elena Sánchez, Cascajosa y López– sin resolver las ineficiencias. La OLAF podría exigir reformas internas y mayor transparencia para evitar futuros despilfarros.
