El Gobierno utiliza la moderación del IPC para castigar a los pensionistas con un incremento pírrico mientras la cesta de la compra sigue por las nubes
Pedro Sánchez ha hecho de la defensa de las pensiones su gran estandarte electoral, pero la realidad de las cifras empieza a desnudar la propaganda Monclovita. Según las previsiones económicas para 2026, los jubilados españoles se enfrentan a la subida de pensiones más baja de los últimos cuatro años. Tras el espejismo de los grandes aumentos forzados por la inflación desbocada de años anteriores, el Gobierno se dispone ahora a aplicar un incremento que apenas llegará a cubrir las necesidades básicas en un entorno de precios estructuralmente altos.
La trampa es técnica: al moderarse el IPC (Índice de Precios al Consumo), la revalorización automática se reduce proporcionalmente. Sin embargo, esta fórmula ignora que los precios de los alimentos, la energía y la vivienda no han vuelto a los niveles previos a la crisis de 2021. Los pensionistas han perdido poder adquisitivo de forma acumulada, y esta subida «mínima» es, en la práctica, una condena al empobrecimiento para cientos de miles de familias que dependen de una prestación pública.
El desequilibrio de las cuentas públicas
A pesar de este frenazo en la subida, el sistema de pensiones sigue siendo el gran agujero negro de las finanzas españolas, con un déficit que se intenta tapar con emisiones de deuda masivas y una presión fiscal asfixiante sobre los autónomos y trabajadores en activo. El Gobierno de Sánchez prefiere el parche cortoplacista antes que abordar una reforma estructural que garantice la sostenibilidad del sistema sin saquear a las generaciones futuras.
Mientras el presidente presume de «datos macro», la microeconomía del jubilado dice lo contrario. Cada euro de subida es devorado por la inflación subyacente que el Gobierno no sabe, o no quiere, controlar. Es el hachazo silencioso: una subida que suena a eslogan pero que sabe a precariedad.
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