Se investiga la presunta trama de licitaciones públicas irregulares y otros delitos con fondos destinados a la lucha contra el cáncer
Ni el dinero para enfermos de cáncer respetan. La policía ha registrado hoy la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por una denuncia sobre posibles irregularidades con dinero público. Agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) han ido al centro por orden de la Fiscalía Anticorrupción para pedir documentos relacionados con la investigación.
Según avanza EFE, la Policía revisó este lunes documentos y requisó algunos ordenadores en una investigación que surgió tras múltiples denuncias de trabajadores y proveedores sobre sobre anomalías contables y adjudicaciones opacas, incluyendo compras fraudulentas que podrían ascender a hasta 23 millones de euros en fondos públicos desviados.
La Fiscalía abrió el caso hace un mes tras una denuncia presentada en junio por un ex alto cargo del CNIO. Este denuncia a antiguos directivos del área económica y a empresas cercanas por supuestamente beneficiarse de contratos públicos que se dividían en partes pequeñas, se inflaban los precios o incluso no se realizaban los trabajos.
La investigación, iniciada en septiembre de 2025, revela un entramado de irregularidades en CNIO en la contratación de personal, bienes y servicios que podría destapar un desfalco millonario, sumándose a la larga lista de sombras que envuelve al PSOE en materia de gestión pública.
Nuevo presunto escándalo de corrupción que sacude al Gobierno de Sánchez
El Tribunal de Cuentas puso bajo lupa decenas de contratos adjudicados por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Ciencia dirigido por la socialista Diana Morant. Tal y como reveló en su día ABC, la ministra, fiel escudera de Sánchez, hizo caso omiso durante meses de las irregularidades internas de la institución de las que avisaron los propios empleados.
El foco de la auditoría recae en contratos firmados principalmente a partir de enero de 2025, coincidiendo con el cese fulminante de la directora del CNIO, María Blasco, y el gerente Juan Arroyo, ambos salpicados por denuncias de malversación y prevaricación.
En agosto de 2025, trabajadores enviaron comunicaciones urgentes al secretario de Estado de Investigación, Juan Cruz Cigudosa, sobre adquisiciones sospechosas. Incluso una carta del 3 de marzo de ese año advertía de acusaciones previas desde diciembre de 2024 por posibles ilícitos penales, incluyendo corrupción en la gestión de fondos europeos y estatales. Se trata de una casualidad o de un encubrimiento sistemático.
