Fuentes cercanas al Ministerio de Transportes filtran un plan para adquirir cabeceras en apuros financieros y construir un aparato mediático afín al estilo ‘Aló Presidente’
Cuando parecía que el sanchismo no podía degradar más la calidad democrática de España, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha decidido demostrar que siempre se puede caer más bajo. Según informaciones publicadas por cabeceras independientes y confirmadas por fuentes del entorno gubernamental, el Ejecutivo estaría «valorando seriamente» una operación de ingeniería financiera para adquirir, directa o indirectamente a través de empresas participadas por el Estado, el control de varios grupos de comunicación que actualmente mantienen una línea editorial crítica con la gestión de Pedro Sánchez.
La maniobra, digna de regímenes iliberales, tendría como objetivo «blindar» el relato de Moncloa de cara a la segunda mitad de la legislatura y las elecciones de 2027. Óscar Puente, quien actúa de facto como el ariete mediático y mamporrero del Gobierno en redes sociales, habría verbalizado esta estrategia en privado, quejándose amargamente de lo que él llama la «máquina del fango» y los «bulos» de la derecha, terminología que el Gobierno utiliza sistemáticamente para deslegitimar cualquier información veraz sobre sus escándalos de corrupción (caso Koldo, caso Begoña Gómez, etc.).
El asalto final a la libertad de prensa
La estrategia no es nueva, pero sí el descaro. Tras tomar el control férreo de RTVE (colocando a comisarios políticos afines), de la Agencia EFE y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el sanchismo se encuentra con un muro: la prensa privada independiente y los medios digitales nativos que siguen fiscalizando al poder. Ante la imposibilidad de cerrarlos legalmente, la nueva táctica parece ser la asfixia financiera o la compra hostil.
El plan pasaría por utilizar fondos públicos, o presionar a empresas del IBEX 35 dependientes de regulación estatal, para que inyecten capital en medios con problemas económicos a cambio de un cambio en su línea editorial. Es el modelo de «colonización institucional» llevado al cuarto poder. «Si no puedes callarlos, cómpralos», parece ser la consigna que impera en los pasillos del Ministerio de Transportes, convertido ahora en una suerte de Ministerio de la Verdad orwelliano.
La reacción de la profesión periodística
Las asociaciones de prensa, habitualmente tibias, han empezado a mostrar su alarma. La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y cualquier intento del poder ejecutivo de interferir en la propiedad o la línea editorial de los medios privados constituye un ataque directo a la Constitución. Sin embargo, el Gobierno cuenta con que la precariedad del sector periodístico juegue a su favor: muchos medios, asfixiados por la caída de la publicidad, podrían ver en el dinero gubernamental una tabla de salvación, vendiendo su independencia por supervivencia.
Óscar Puente, con su estilo agresivo y faltón en la red social X, encarna a la perfección esta nueva etapa del Gobierno: sin complejos, sin frenos institucionales y con una vocación de poder totalitaria. Para Puente, la prensa no es un contrapoder necesario, sino un «enemigo» a batir o neutralizar. Sus bloqueos a periodistas y sus insultos a columnistas son solo la punta del iceberg de una concepción de la política que no tolera la discrepancia.
Un peligro para la democracia europea
Esta deriva preocupa ya en Bruselas. La Comisión Europea ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la salud del Estado de Derecho en España, citando específicamente la independencia judicial y la libertad de prensa. Si se confirma que el Gobierno utiliza recursos del Estado para alterar el mapa mediático a su favor, España podría enfrentarse a sanciones o a la congelación de fondos europeos, siguiendo el camino de la Hungría de Orbán o la Polonia del PiS, paradójicamente los espejos en los que Sánchez dice no mirarse, pero cuyas tácticas copia con entusiasmo.
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