La Comisión Europea se limita a «tomar nota» del ataque de Pekín a la leche y el queso europeos, utilizados como rehenes en la batalla por el coche eléctrico, mientras el sector primario exige compensaciones urgentes
La pesadilla para los ganaderos españoles se ha confirmado. China ha cumplido sus amenazas y ha lanzado un ataque arancelario directo contra el sector lácteo europeo, imponiendo tasas que expulsarán de facto a nuestros quesos, leches y natas del gigante asiático. Ante esta agresión, la respuesta de la Comisión Europea ha sido, una vez más, decepcionante, tibia y burocrática. Bruselas ha emitido un comunicado estéril en el que dice «tomar nota» de la medida y califica los aranceles de «injustos e injustificados», pero sin anunciar ni una sola medida concreta de represalia ni un fondo de compensación para los productores afectados.
Lo que está ocurriendo es una guerra comercial de manual, y el campo español es el daño colateral sacrificado. La Unión Europea impuso aranceles a los coches eléctricos chinos para proteger a la poderosa industria automovilística alemana y francesa. Pekín, sabiendo dónde duele, ha respondido golpeando al sector agroalimentario del sur de Europa. Es un intercambio de cromos geopolítico donde los ganaderos de Galicia, Asturias o Castilla y León pagan los platos rotos de una pelea que iniciaron los fabricantes de coches de Wolfsburgo.
Soberanía alimentaria en peligro
La debilidad de la diplomacia europea es alarmante. Mientras Estados Unidos defiende a sus sectores estratégicos con uñas y dientes, la UE se pierde en procedimientos y comisiones de estudio. El cierre del mercado chino provocará un exceso de oferta de leche y derivados en el mercado interior europeo, lo que derrumbará los precios en origen. Esto, sumado al incremento de los costes de producción (energía, piensos, normativas medioambientales asfixiantes), llevará a la ruina a miles de explotaciones familiares que ya trabajaban con márgenes inexistentes.
«Nos sentimos moneda de cambio. Nos venden para salvar a Volkswagen», resume con amargura un portavoz de una asociación ganadera. La sensación de abandono es total. El Gobierno de Pedro Sánchez, alineado acríticamente con las tesis de Bruselas, tampoco ha alzado la voz para defender los intereses nacionales. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se limita a pedir «calma» mientras el sector se desangra.
La hipocresía de la Agenda 2030
Este conflicto desnuda también la hipocresía de las políticas verdes europeas. Se exige a nuestros ganaderos unos estándares de bienestar animal y sostenibilidad estrictos y carísimos, que encarecen el producto, pero luego se les deja vendidos ante la competencia desleal o los cierres de mercados políticos. Si Europa quiere soberanía alimentaria, debe proteger a quienes producen los alimentos. No se puede legislar contra el granjero por la mañana y abandonarlo ante China por la tarde.
Si la Comisión Europea no reacciona con un plan de choque financiero inmediato —comprando stock para ayuda humanitaria o subvencionando la búsqueda de nuevos mercados—, asistiremos a una oleada de cierres de granjas en 2026. Y cuando las granjas cierran, los pueblos se mueren y la cesta de la compra se llena de productos importados de dudosa calidad.
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