El informe externo revela falta de controles y de contrato escrito en licitaciones de urgencia, incluso cuando ya no había alerta sanitaria
Auditoría externa revela irregularidades generalizadas en la contratación de emergencia (a dedo) de la socialista Francina Armengol. El Gobierno balear que preside Marga Prohens encargó una auditoría a la empresa Netadia Europa S.L.P., que analizó 60 contratos superiores a 100.000 euros firmados entre 2020 y 2022 para adquirir material sanitario, periodo en el que Francina Armengol dirigía el Ejecutivo autonómico.
Los auditores detectaron que ningún expediente justificó adecuadamente la elección de proveedor único, mientras que en casos concretos los precios superaron «muy por encima» los valores de mercado de entonces, aunque en general se aproximaron a ellos y en algunos test rápidos Baleares pagó hasta cuatro veces más que otras comunidades.
El uso de la vía de emergencia llevó al Gobierno de Armengol a eludir obligaciones de control y transparencia
La urgencia de la crisis COVID permitió tramitar estos contratos por vía de emergencia, lo que llevó al Servicio de Salud a omitir formalidades obligatorias de control y transparencia, incluso en 2021 y 2022 cuando ya existía cierta normalidad.
En dos tercios de los casos, los responsables emitieron la justificación después de iniciar la ejecución, casi el 97% careció de contrato escrito formalizado junto con actas de recepción, y el 90% faltaron actas de conformidad y albaranes firmados. Más de la mitad de los contratos se publicaron fuera de plazo, y en el 65% no figuraron en el perfil del contratante.
Los auditores observaron que no se acreditó solvencia técnica ni capacidad de los proveedores, ni existió evidencia de sondeo de mercado, y en algunos casos el material no conforme no se repuso ni reintegró, lo que dificultó la trazabilidad de pagos y entregas.
Contratos y facturas sin justificar, sobrecostes, sin trazabilidad del destino del material y sin comprobar conflictos de intereses
La auditoría identificó que tres compras por 1,5 millones de euros se ejecutaron con precios destacadamente por encima de los intervalos normales de mercado, y que en general los pagos superaron los 106 millones de euros, de los cuales 45,6 millones no se pudieron rastrear por falta de pruebas de entrega o uso.
El informe señala que estas compras específicas no representan el conjunto analizado y que no detectaron malversación, aunque sí graves errores administrativos. Los auditores destacaron que en el 66,67% de los expedientes el informe de necesidad se emitió después de iniciado el contrato, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público, y que el 20% presentaban múltiples contratos y facturas sin justificación previa.
Además, en el 63,33% de los casos no se acreditó que la ejecución comenzara dentro del plazo legal de un mes desde la dación de cuenta al Consell de Govern. Tampoco constaron declaraciones de ausencia de conflicto de intereses ni comprobaciones para descartarlos.
Uso prolongado de la vía de urgencia por Armengol, incluso después de la pandemia
La auditoría, extractada en El Debate, observó que el Gobierno mantuvo la vía de emergencia incluso en años posteriores a los meses críticos, cuando el material sanitario circulaba habitualmente en el mercado y se realizaron adquisiciones de distinto tipo en un mismo expediente.
Los expertos recomendaron limitar este mecanismo a lo indispensable en futuras crisis, ya que exigieron documentar todas las etapas, justificar proveedores, comparar precios y formalizar recepciones para reforzar la transparencia.
«No existe una seguridad razonable que permita emitir una valoración concluyente sobre la eficiencia en la gestión eficiente y la eficacia del Servicio de Salud de Baleares frente a la crisis sanitaria al no disponer de documentación que permita obtener la correcta recepción del material, el reparto y el adecuado uso de dicho material entre otras cuestiones», concluyeron los expertos.
