La situación en el Ayuntamiento de Jérica (Castellón) ha entrado en una fase crítica. El alcalde del municipio ha sido imputado por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores, lo que ha provocado un auténtico terremoto político y social en esta localidad del Alto Palancia. La oposición municipal, encabezada por el PSPV-PSOE y Esquerra Unida-EUPV, ha registrado una petición formal reclamando su dimisión inmediata e irrevocable.
“No puede representar a nuestro pueblo ni un minuto más”, han afirmado desde las filas socialistas, que consideran que la continuidad del alcalde es incompatible con la dignidad institucional y con la alarma social generada.
Una imputación que paraliza la vida política local
La imputación judicial, que se encuentra en fase de instrucción, ha sacudido por completo el funcionamiento del consistorio. Aunque el proceso aún no ha llegado a juicio, el hecho de que el alcalde esté investigado por delitos de extrema gravedad ha generado un bloqueo político y una profunda inquietud entre los vecinos.
La oposición sostiene que, más allá del resultado final del procedimiento, la mera existencia de esta imputación inhabilita moralmente al regidor para seguir ejerciendo funciones públicas.
Medidas cautelares y protección de las víctimas
En el marco de la investigación judicial, se han impuesto medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de las personas afectadas. Estas medidas buscan garantizar la protección de las presuntas víctimas y preservar el correcto desarrollo del proceso.
Este contexto judicial ha intensificado la presión política, al considerar la oposición que la ejemplaridad debe ser una exigencia mínima en un cargo público, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con menores.
El alcalde se aferra al cargo y apela a la presunción de inocencia
Pese a las peticiones de dimisión, el alcalde ha manifestado su intención de no abandonar el cargo, apelando a la presunción de inocencia y defendiendo su derecho a mantenerse al frente del ayuntamiento mientras no exista una condena firme.
Este posicionamiento ha sido recibido con fuerte rechazo por parte de la oposición, que recuerda que la presunción de inocencia es un principio jurídico, pero no un salvoconducto político cuando está en juego la confianza pública.
La oposición plantea una moción de censura
Ante la negativa del alcalde a dimitir voluntariamente, los grupos municipales del PSOE y Esquerra Unida han abierto la puerta a impulsar una moción de censura como vía para desalojarlo del poder. Para la oposición, la situación ha superado ya todos los límites aceptables y requiere una respuesta política contundente.
La tensión aumenta por horas y no se descarta la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la crisis institucional que atraviesa el municipio.
La línea roja de la ejemplaridad
Este caso ha reabierto un debate recurrente en la política española: ¿basta con no estar condenado para seguir gobernando? Para muchos vecinos y representantes públicos, la respuesta es clara.
En política, no solo importa cumplir la ley, sino parecer digno de la confianza ciudadana. Jérica no debería ser noticia por un escándalo judicial de esta magnitud, y la continuidad del alcalde amenaza con prolongar una crisis que daña la imagen del municipio.
La justicia determinará los hechos. La política, mientras tanto, debe decidir si tolera esta situación o marca una línea roja clara.
