La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que el Gobierno convierte al propietario en ‘asistente social forzoso’ del delincuente y destruirá el mercado de alquiler
La nueva cesión de Sánchez a los proetarras de extrema izquierda de Bildu consiste en blindar a los okupas otro año más. Ante semejante medida del socialista para contentar a una de las formaciones que lo apuntala en Moncloa, la Plataforma de Afectados por la Ocupación se ha reunido con dirigentes de varios partidos pata tratar que el Congreso tumbe la iniciativa.
Además, la plataforma reclama que el Gobierno ofrezca soluciones y deje de trasladar cargas a los pequeños propietarios, a los que considera perjudicados por la paralización de desahucios y por la falta de inversión pública en vivienda, según explican representantes de la entidad, que denuncian la situación desde hace meses y buscan apoyos parlamentarios.
En este contexto, recoge The Objective, la organización advierte que la oferta del alquiler depende mayoritariamente de familias con una única vivienda y que, por ello, la medida tensiona el mercado y reduce la disponibilidad. Según denuncian, «el decreto del escudo social es la gran mentira del Gobierno» y, según añaden, «En definitiva, lo que hacen es regalar casas que no son suyas»
Sánchez convierte al propietario en ‘asistente social forzoso’ del okupa
La Plataforma sostiene que la prórroga del escudo social convierte al propietario en un “asistente social forzoso”, porque le obliga a asumir gastos y responsabilidades que corresponden a las administraciones, y reclama que se habiliten recursos de vivienda pública y partidas directas de servicios sociales que permitan ofrecer soluciones habitacionales a las familias vulnerables sin cargar al pequeño tenedor.
Además, recuerdan que se han reunido con representantes del PSOE y otras formaciones para exponer su propuesta de alternativas y, pese a las promesas, las compensaciones no llegan y solo un pequeño porcentaje de afectados ha recibido ayudas, como recoge un estudio de 2024.
Los afectados por los delincuentes piden además que el Ministerio de Vivienda utilice la nueva empresa pública Casa 47 para ofrecer contratos asequibles a quienes sean declarados vulnerables. Según datos oficiales, el volumen actual de vivienda protegida es insuficiente (según estimaciones de expertos, alrededor de 76.000), y lo la Plataforma insiste en que el Congreso estudie alternativas antes de aprobar otra prórroga ideológica.
