Un grave defecto en la Ley sanchista permite que los contratos no incluyan fecha límite de recolección, dejando indefensos a los productores
En concreto, durante la campaña citrícola actual, ya que los compradores privados no recolectan las variedades tempranas como clementinas y mandarinas, que debían recogerse antes del 15 de diciembre, aunque existen contratos firmados que obligan a hacerlo.
‘La firma de un contrato no puede convertirse en papel mojado cuando el mercado no acompaña’
Los operadores dejan pasar deliberadamente el tiempo cuando el mercado no ofrece salidas para la mercancía, lo que provoca que la fruta se deteriore en el árbol y, posteriormente, aleguen que “no está en condiciones” para justificar la reducción o cancelación de las cantidades pactadas.
Esta práctica, denuncia la organización, se repite año tras año y se intensifica en momentos de baja demanda, lo que genera pérdidas del 100% de la producción contratada, mientras los agricultores asumen solos todos los costes de tratamientos fitosanitarios, mantenimiento del cultivo y gestión de la fruta deteriorada sin recibir ninguna compensación.
La organización hace un llamamiento directo a los citricultores afectados para que presenten denuncias aportando los contratos y las pruebas disponibles, evitando así que estas conductas se normalicen y pongan en serio riesgo la viabilidad del sector citrícola valenciano.
Vacío legal que favorece los abusos y exige cambios urgentes
La organización explica que un grave defecto en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013) permite que los contratos agroalimentarios no incluyan obligatoriamente una fecha límite de recolección, lo que deja a los productores en una posición de indefensión extrema, ya que los compradores simplemente dejan transcurrir el tiempo sin comunicar formalmente su renuncia.
La Unió exige una modificación inmediata de la ley para obligar a incluir una fecha máxima e improrrogable de recolección en todos los contratos, junto con la prohibición de comisiones de intermediación ficticias y sanciones más severas contra quienes retrasen deliberadamente la recogida.
Además, insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a que investigue de oficio estas prácticas y abra expedientes sancionadores, mientras pide al Ministerio de Agricultura que resuelva estos vacíos legales que perjudican gravemente al eslabón más débil de la cadena.
«La firma de un contrato no puede convertirse en papel mojado cuando el mercado no acompaña. El comprador no puede decidir unilateralmente si cumple o no, dejando que la fruta se pierda en el árbol y trasladando todas las pérdidas al agricultor», indica Carles Peris, secretario general de La Unió.
Otro hito de Sánchez y el ministro Planas
La modificación de la Ley 12/2013 es la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, que entró en vigor en diciembre de 2021. Esta modificación se impulsó y se tramitó durante el Gobierno de Sánchez, y el ministro responsable fue Luis Planas, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en ese momento.
Huelga añadir que, ante los continuos desastres y con el sector agroalimentario en guerra, los responsables directos, Sánchez y Planas, no sólo se han auto felicitado por su ley, sino que además defienden aplicarla con más rigor.
