El sectarismo no descansa en Cataluña. Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, ha decidido exportar su modelo identitario a Barcelona, pero no con propuestas, sino con señalamientos. Voluntarios de su partido han patrullado la capital catalana cual policía moral para «delatar» a los comercios que no rotulan en catalán. El resultado: más de 700 denuncias presentadas contra trabajadores y pequeños empresarios que bastante tienen con pagar la cuota de autónomos y levantar la persiana cada día.
Bajo el lema «Salvem el català», esta campaña de delación recuerda a las épocas más oscuras de la historia europea, donde el vecino vigilaba al vecino. Orriols busca notoriedad política a costa de criminalizar al castellanoparlante o al inmigrante que regenta un local. La normativa lingüística de la Generalitat, ya de por sí estricta y polémica, se convierte en un arma arrojadiza en manos de radicales que priorizan la lengua sobre la libertad de comercio.
Acoso al pequeño comercio
Mientras estos comercios luchan contra la inflación, la inseguridad en las calles y los impuestos, ahora deben enfrentarse a multas administrativas provocadas por denuncias políticas. Es el mundo al revés. En lugar de atraer riqueza, el nacionalismo se dedica a perseguir a quien la genera. La obsesión por imponer el monolingüismo ignora la realidad de una Barcelona plural y cosmopolita.
Esta estrategia es el primer paso de Orriols para asaltar el Ayuntamiento de Barcelona. Si esto es lo que ofrece desde la oposición (señalamiento y multas), imaginen qué haría con el poder. Un aviso a navegantes para un 2026 que promete ser caliente en la política catalana.
