El PSOE de Pedro Sánchez, salpicado de nuevo por la presunta malversación: el día a día del Ejecutivo del Sanchismo
En un golpe demoledor al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha detectado claros indicios de malversación en los contratos millonarios adjudicados por Adif a una empresa clave de la trama corrupta del exministro José Luis Ábalos.
Fuentes exclusivas de la institución confirman a EL MUNDO que Martín-Granizo ha solicitado el traslado del caso a la sección de enjuiciamiento, lo que podría obligar a altos cargos del PSOE a devolver de su propio bolsillo el dinero público dilapidad.
Este escándalo no solo expone la podredumbre en el corazón del Ejecutivo progresista, sino que subraya cómo el socialismo clientelar ha malgastado fondos europeos en beneficio de sus allegados.
El informe del Tribunal de Cuentas, revelado en primicia por este diario, destapa el posible amaño de contratos en 2021 y 2022 con la constructora OPR, epicentro de la red de corrupción ligada a Ábalos. Se trata de adjudicaciones por 21 y 65 millones de euros, financiadas con dinero de la UE, que beneficiaron a Uniones Temporales de Empresas (UTE) donde participaba OPR.
Denuncias internas de Ineco
Denuncias internas de Ineco y funcionarios valientes alertaron de alteraciones irregulares en las puntuaciones para favorecer a esta firma, modificando la clasificación global en cuatro de seis expedientes.
Sin embargo, Adif –dependiente del Ministerio de Transportes bajo control socialista– archivó estas acusaciones en marzo de 2023 con una «laxitud» escandalosa, según el Tribunal, ignorando las irregularidades en pliegos y valoraciones.
Ábalos, el rehabilitado
Este encubrimiento coincide con la rehabilitación política de Ábalos por parte de Sánchez, quien lo rescató como diputado por Valencia semanas después de archivar las denuncias. Durante el primer contrato, presidía Adif Isabel Pardo de Vera, con Ábalos aún al mando del ministerio; en el segundo, María Luisa Domínguez bajo la ministra Raquel Sánchez.
¿Casualidad? El Tribunal critica la falta de rigor en la revisión, afirmando que «carecen del rigor exigible ante la gravedad de los hechos», lo que ha inflado costes para los contribuyentes españoles, ya asfixiados por las políticas económicas del PSOE.
Mientras el PSOE y sus socios de izquierda minimizan la trama como «casos aislados» sin financiación irregular de partidos, la realidad es devastadora: daño directo al erario público mediante concursos amañados que podrían haber sido más eficientes y baratos.
Sánchez el hipócrita
Esto contrasta con la hipocresía de Sánchez, que presume de «contundencia» contra la corrupción pero tapa los desmanes de los suyos. El consejero del Tribunal, José Manuel Otero Lastres –propuesto por el PP–, ha elaborado un informe implacable, firmado incluso por la presidenta Enriqueta Chicano (PSOE), lo que demuestra que la verdad trasciende ideologías.
La oposición no se ha hecho esperar. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha denunciado en redes: «Ante las denuncias de funcionarios sobre amaños, Adif las archivó, el Gobierno desoyó avisos y Sánchez recuperó a Ábalos. Esta es su ‘contundencia’: todo lo sabían y todo lo taparon».
Fuentes del PP consultadas por EL MUNDO exigen una comisión de investigación inmediata en el Congreso para depurar responsabilidades y restaurar la confianza en las instituciones, erosionada por años de gobernanza socialista opaca.
Este caso evoca otros procesos como el del ‘procés’, donde el Tribunal persigue a independentistas para recuperar fondos malversados, rechazando la amnistía. Ahora, el foco está en el PSOE, otra vez…
