El Gobierno de Sánchez manipula el censo electoral sin filtros de la mano de la Ley de Memoria Democrática
En un movimiento que huele a fraude electoral orquestado, como insinúa La Gaceta, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez avanza a pasos agigantados en su plan para alterar el censo electoral mediante la Ley de Memoria Democrática.
Según datos revelados por el ministro Ángel Víctor Torres, ya se han nacionalizado casi 490.000 descendientes de exiliados republicanos, una cifra que supera los votos obtenidos por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en las elecciones de 2023 (más de 466.000). De hecho, este torrente de nuevos ciudadanos podría inclinar la balanza en futuras votaciones a favor de la izquierda radical y los separatistas.
Este año, el incremento ha sido escandaloso: más de 200.000 nacionalizaciones adicionales entre 2024 y 2025, un 70% de crecimiento que evidencia la urgencia del PSOE por importar votantes afines. La ley, vigente desde octubre de 2022, amplía los criterios de la antigua Memoria Histórica, incluyendo bisnietos de exiliados hasta 1978 e hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por matrimonios extranjeros antes de esa fecha.
Argentina, Cuba, Venezuela y Chile
Países como Argentina (42% de las solicitudes), Cuba, Venezuela y Chile – bastiones de ideologías izquierdistas – son los principales beneficiarios, con 2,4 millones de personas solicitando citas en consulados españoles.
Torres presume del «alcance internacional» de esta norma, pero la realidad es que se trata de una ingeniería demográfica diseñada para perpetuar el poder progresista.
Inmigración ilegal y crisis económica
Y mientras España lidia con la inmigración ilegal y la crisis económica, Sánchez prioriza a extranjeros lejanos, potenciales aliados electorales, en detrimento de los españoles de a pie que pagan impuestos y defienden la unidad nacional.
Esta maniobra, señala La Gaceta, no solo distorsiona la democracia, sino que ignora el verdadero legado histórico: la reconciliación que Franco impulsó tras la Guerra Civil.
El PP y VOX deben actuar con firmeza para frenar este abuso, exigiendo revisiones estrictas y protegiendo el voto genuino. De lo contrario, las urnas se convertirán en un circo manipulado por la izquierda, amenazando la soberanía española.
