El “hurto a la facultad legislativa del Senado por orden del Gobierno» convierte al Congreso en un mero instrumento del PSOE
En un inédito choque institucional que marca el inicio de un año cargado de tensiones políticas, el Senado ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Congreso de los Diputados por bloquear deliberadamente la tramitación de 36 proposiciones de ley aprobadas en la Cámara Alta.
Esta exclusiva de The Objetive revela cómo la mayoría de izquierdas en el Congreso, liderada por el PSOE y Sumar bajo la presidencia de Francina Armengol, ha recurrido a maniobras regimentales para congelar iniciativas legislativas, evitando así derrotas humillantes para un Gobierno de Pedro Sánchez cada vez más debilitado y dependiente de socios independentistas.
El recurso, impulsado por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, denuncia un «fraude de ley» que vulnera el artículo 87.1 de la Constitución, que reconoce la iniciativa legislativa compartida entre Congreso, Senado y Gobierno.
Según fuentes parlamentarias consultadas por The Objective, el Congreso ha ampliado indefinidamente los plazos de enmiendas a hasta 125 proyectos de ley, incluyendo los 36 remitidos desde el Senado, con el único propósito de impedir su debate y votación.
Esta táctica, calificada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un «hurto a la facultad legislativa del Senado por orden del Gobierno», convierte al Congreso en un mero instrumento partidista que prioriza los intereses del Ejecutivo sobre la soberanía parlamentaria.
Legitimidad del Senado
Feijóo ha sido contundente: «El Senado es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por eso, intentar eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad del Senado«. Y añadió: «No es posible que para la presidenta del Congreso pese más su partido que su país». El pleno del Senado aprobó el 19 de noviembre iniciar este conflicto de competencias, y tras la negativa del Congreso a rectificar –mediante acuerdos como el del 11 de noviembre de 2025–, se ha formalizado el recurso ante el TC.
Este enfrentamiento no es aislado: refleja la parálisis legislativa impuesta por un Gobierno minoritario que, ante la falta de apoyos estables, prefiere bloquear el Parlamento antes que someterse al escrutinio democrático. Mientras el Congreso «congela» leyes para evitar reveses, el Senado defiende su rol constitucional como cámara territorial y de contrapeso. El PP advierte que esta práctica erosiona el bicameralismo español y abre la puerta a una judicialización forzosa de la política.
El Tribunal Constitucional deberá ahora resolver si el Congreso puede indebidamente prorrogar plazos para eludir la tramitación real de leyes, o si esto constituye una vulneración grave del equilibrio de poderes.
Y es que en este contexto de creciente inestabilidad, con prórrogas presupuestarias interminables y un Ejecutivo acorralado, esta nueva batalla institucional pone en evidencia la urgencia de restaurar el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. El 2026 arranca con el PP y VOX en pie de guerra contra un Sanchismo que, una vez más, antepone la supervivencia política al interés general de los españoles.
