La montaña ha puesto el final que la justicia y la política se empeñaron en suavizar gracias a los gobiernos de Pedro Sánchez
El etarra Iban Apaolaza Sancho, condenado a 123 años por el vil y cruel asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, ha muerto mientras disfrutaba plácidamente de su tercer grado en una ruta de senderismo por Peñas de Aia, en Guipúzcoa. Día de luto y llantos en EH Bildu y entre la ‘kale borroka’. Justicia poética.
El preso, de 54 años, gozaba de un cómodo régimen de tercer grado, con pulsera telemática y sin obligación de dormir en prisión. Era un avance ‘humanitario’ del Sanchismo para quien participó en uno de los atentados más brutales tras la ruptura de la tregua de 1998.
El asesino de ETA, libre como un pájaro salió este domingo a hacer una ruta de senderismo por el parque natural de Peñas de Aia. Su familia denunció su desaparición al no regresar a casa, detalle que muchos familiares de víctimas jamás pudieron tener porque sus muertos no volvieron nunca.
Poco antes de la medianoche se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda con Ertzaintza, helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate, bomberos, Policía Local y Cruz Roja para localizar al etarra desaparecido. Todo un despliegue para este criminal vasco.
Finalmente, su cuerpo fue hallado hacia las 10 de la mañana en una zona de difícil acceso, lo que obligó a un rescate aéreo y posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián. Otro gran despliegue.
Por otro lado, conviene recordar que la Audiencia Nacional le impuso 123 años de cárcel por el asesinato del teniente coronel Blanco, pena confirmada después por el Tribunal Supremo, mientras el mundo abertzale y sus aliados políticos como el propio PSOE han dedicado años a blanquear a estos “presos políticos”.
Privilegio para los verdugos
El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ya denunció en 2024 que el Gobierno vasco había otorgado numerosos terceros grados a etarras, subrayando que el caso de Apaolaza ni siquiera estaba vinculado formalmente a la disidencia, signo de la normalización del privilegio para los verdugos.
Mientras las víctimas siguen reclamando memoria, dignidad y justicia, los mismos que jalean a ETA en las calles y la sostienen en las instituciones llorarán la muerte del “montañero comprometido” (y asesino).
En un país donde a los asesinos se les premia con excursiones y a los muertos se les condena al olvido, la montaña ha puesto el final que la justicia y la política se empeñaron en suavizar gracias a unos gobiernos de Pedro Sánchez ultra tolerantes con estos criminales.
