Un informe publicado muestra que la mitad de lo generado era entregado a la estructura familiar que controlaba los establecimientos
Un informe confidencial elaborado en 2014 por el comisario jubilado José Manuel Villarejo sostiene que la familia política de Begoña Gómez habría percibido hasta el 50% de los ingresos generados por menores de edad que ejercían la prostitución en saunas sexuales vinculadas a su entorno familiar en Madrid. El documento describe una presunta estructura organizada de explotación sexual que afectaría principalmente a jóvenes extranjeros procedentes de Brasil y del Magreb.
Según la nota informativa, a la que ha tenido acceso The Objective, los menores recibían únicamente la mitad del dinero obtenido por los servicios sexuales, mientras que el resto era entregado a quienes controlaban los locales. El informe se enmarca en unas pesquisas internas iniciadas tras el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.
La información se basa en el testimonio de una fuente en proceso de captación, que detalla el funcionamiento interno de las saunas. De acuerdo con ese relato, el reparto económico estaba previamente establecido: un 50% para los jóvenes prostituidos y el otro 50% para la familia de Begoña Gómez. Además, se aplicaban descuentos adicionales en concepto de alojamiento y consumo de sustancias, salvo en el caso de determinados estimulantes sexuales que, siempre según el documento, eran facilitados para soportar largas jornadas de actividad.
El informe está fechado el 9 de noviembre de 2014, pocos meses después de que Pedro Sánchez asumiera el liderazgo socialista. Villarejo señala que el análisis del entorno personal del dirigente se realizó ante la posibilidad de que llegara a ocupar la presidencia del Gobierno.
“Se han llevado a cabo gestiones para comprobar la veracidad de las informaciones recibidas”, indica el texto, que subraya la relevancia política del momento y la eventual proyección institucional del entonces líder de la oposición.
La nota sitúa el origen de la supuesta red a principios de los años ochenta, cuando la familia de Begoña Gómez se trasladó desde Gordoncillo (León) a Madrid. Según el informe, durante esos años se habrían adquirido diversos inmuebles mediante operaciones en las que presuntamente no se habría declarado el valor real de las transacciones, combinando escrituras por debajo del precio y pagos en efectivo.
Entre los locales citados figura la sauna Azul, que habría iniciado su actividad con licencia de sauna-gimnasio gracias a gestiones realizadas ante la administración municipal. El documento menciona al suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, y a su cuñado Conrado Gómez como colaboradores de la Comisaría General de Información en ese periodo.
Como estructura societaria, la familia habría utilizado empresas como RE121 SL y San Bernardo 36 SL, registradas formalmente como negocios de hostelería, aunque —según el informe— operaban en realidad como saunas de carácter sexual.
Parte de la documentación, incluidos audios que aludirían a grabaciones ilegales de relaciones sexuales con menores, habría llegado posteriormente a la sede del PSOE. Siempre según la información publicada por The Objective, este material fue trasladado por la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. El informe apunta que dichas grabaciones podrían haberse utilizado con fines de extorsión.
El documento atribuye además, de forma expresa, una presunta implicación directa de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el negocio familiar, señalando que ambos habrían participado en la recogida del dinero generado en las saunas. No obstante, otras fuentes citadas en la propia nota matizan que era Begoña Gómez quien acudía con mayor frecuencia a los locales, mientras que Sánchez lo habría hecho en contadas ocasiones.
