El mercado del alquiler en La Rioja se asoma al abismo. Lo que muchos economistas han bautizado como la «gran revisión» ya ha comenzado, y sus consecuencias prometen ser devastadoras para la economía de miles de hogares. En las próximas semanas, más de **4.011 familias riojanas** verán cómo sus contratos de alquiler, firmados originalmente en el convulso año 2021, expiran o se enfrentan a renovaciones que incluyen subidas de precio inasumibles. Estamos hablando de un incremento medio de 117 euros mensuales, lo que supone un impacto directo de más de **1.400 euros extra al año**.
¿Cómo hemos llegado a este punto? La explicación reside en la anomalía histórica de 2021. Durante aquel año, marcado todavía por las restricciones de movilidad y la incertidumbre post-pandémica, los precios del alquiler sufrieron una corrección a la baja para atraer inquilinos. Ahora, cinco años después (plazo legal para la mayoría de contratos vigentes), esa «burbuja de precios bajos» ha estallado, chocando de frente con un mercado actual donde la oferta ha desaparecido y la diferencia entre demanda es caníbal.
Toledo, Logroño y la brecha de la oferta
Aunque el problema es nacional, La Rioja presenta una particularidad preocupante: el estancamiento de la promoción de vivienda pública y el trasvase de pisos residenciales al mercado turístico. Logroño, que solía ser una ciudad de precios amables, está viendo cómo el centro se vuelve prohibitivo para los jóvenes trabajadores. Según datos del sector, la brecha entre lo que se pagaba hace cinco años y lo que se pide hoy por un piso de similares características puede llegar a los 200 euros en zonas como El Espolón o Gran Vía.
Eduardo Garbayo, una de las figuras más críticas con la situación actual, advierte que «esta revisión no es una actualización de IPC, es un cambio de modelo». Los propietarios, ante la inseguridad jurídica y la inflación que encarece el mantenimiento de los inmuebles, están aprovechando el fin de los periodos de carencia para poner las rentas «a precio de mercado». El problema es que el mercado de 2026 no tiene nada que ver con los salarios de la región, que no han crecido al mismo ritmo que la vivienda.
Impacto en la renta disponible y consumo
El encarecimiento de 1.400 euros anuales no es solo una estadística; es dinero que se detrae directamente del consumo local, el ahorro y la calidad de vida. Para una familia media riojana, esta subida equivale a perder dos pagas extraordinarias o el presupuesto destinado a ocio y vacaciones. Los economistas alertan de un efecto dominó: si el alquiler se come el 40% o 50% de los ingresos —cuando lo recomendado es el 30%—, el resto de la economía regional se resiente.
Las agencias inmobiliarias informan de que muchos inquilinos están optando por mudarse a localidades periféricas como Lardero, Villamediana o incluso cruzar el Ebro hacia Oyón, buscando precios más competitivos. Sin embargo, este desplazamiento está provocando que esos municipios también empiecen a inflar sus precios, eliminando los últimos reductos de vivienda asequible en el entorno de la capital.
¿Qué soluciones quedan sobre la mesa?
La Ley de Vivienda nacional y las competencias autonómicas se encuentran en un pulso constante. Mientras desde el Gobierno se proponen topes al alquiler en «zonas tensionadas», los expertos del sector advierten que estas medidas suelen provocar la retirada de más pisos del mercado, agravando la escasez. La Rioja necesita, según los analistas, un plan de choque que incentive a los propietarios a poner sus viviendas vacías en alquiler de larga duración con garantías de cobro y seguridad jurídica.
El 2026 será el año clave. Si no se logra frenar esta escalada, la «gran revisión» de los 4.011 contratos podría ser solo el principio de una crisis habitacional sin precedentes en la región. La recomendación para los inquilinos es clara: adelantar las negociaciones antes de que el contrato expire y buscar acuerdos de permanencia larga a cambio de subidas moderadas. El mercado no da tregua, y en La Rioja, el tiempo para miles de familias se agota.
