El informe sostiene que el Gobierno aprobó la ayuda pública pese a que la compañía incumplía los requisitos exigidos para acceder a fondos estatales
La magistrada que instruye la causa sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra cuenta ya con un informe que pone en duda la legalidad de la ayuda pública concedida por el Gobierno. El documento sostiene que el Ejecutivo autorizó el rescate a pesar de que la compañía no cumplía los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a fondos estatales. El informe ha sido aportado por el sindicato Manos Limpias al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, encargado de investigar la operación.
Según ha trascendido, el escrito —adelantado por El Debate— detalla una serie de supuestas irregularidades en la concesión de los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra a través de la SEPI. En sus conclusiones, el documento afirma que la operación vulneró tanto la legislación europea sobre ayudas de Estado como las condiciones establecidas por el propio Gobierno para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Uno de los puntos clave del informe es que Plus Ultra ya se encontraba en situación de crisis antes del inicio de la pandemia. Este hecho, de confirmarse, invalidaría de forma automática el acceso a este tipo de ayudas públicas, ya que la normativa comunitaria prohíbe rescatar compañías que no eran viables antes del impacto del Covid-19. El documento señala que este criterio esencial no se respetó en el proceso de aprobación.
El análisis económico incluido en el informe refleja que la aerolínea arrastraba problemas financieros desde su creación. Todos los ejercicios se cerraron con pérdidas y con un desequilibrio patrimonial persistente, sin relación directa con la crisis sanitaria. Para Manos Limpias, estos datos evidencian que Plus Ultra no reunía las condiciones legales para beneficiarse de un fondo destinado a empresas solventes afectadas de manera excepcional por la pandemia.
El escrito también cuestiona el argumento del carácter estratégico de la aerolínea, utilizado por el Gobierno para justificar el rescate. Según el informe, Plus Ultra operaba un número reducido de rutas, todas ellas cubiertas por otras compañías con mayor capacidad, no disponía de aeronaves en propiedad y tenía una cuota de mercado irrelevante para la conectividad aérea nacional. Estos elementos, según el sindicato denunciante, impiden sostener que la ayuda respondiera a un interés general.
Otro aspecto destacado es la existencia de un préstamo anterior superior a seis millones de euros que la aerolínea no habría devuelto. Esta deuda, contraída con un fondo extranjero desde 2017, agravaba la debilidad financiera de la compañía y demostraba dificultades para cumplir con sus obligaciones incluso antes de recibir fondos públicos. El informe subraya que este antecedente debía haber sido tenido en cuenta en el análisis de viabilidad.
Además, el documento apunta que tanto la banca privada como las líneas de financiación avaladas por el ICO rechazaron conceder crédito a Plus Ultra debido a su delicada situación económica. Para Manos Limpias, este rechazo resulta incompatible con la decisión del Estado de asumir el riesgo financiero con dinero público, eludiendo los filtros de solvencia aplicados por el sector privado.
El informe también pone en cuestión las condiciones del rescate, calificadas de especialmente favorables. La ayuda se estructuró mediante un préstamo participativo y otro ordinario, con intereses bajos, plazos amplios y escasas garantías, a pesar del elevado riesgo que presentaba la aerolínea. Según el escrito, estas condiciones refuerzan la sospecha de que la operación no se basó exclusivamente en criterios técnicos.
Por último, el documento destaca la estrecha relación de Plus Ultra con Venezuela, tanto por el origen de su capital como por su estructura societaria y el perfil de sus rutas. Aunque la empresa tenía su sede social en Madrid, el informe sostiene que el control efectivo y gran parte de su operativa estaban vinculados al país sudamericano, un factor de riesgo adicional que, a juicio del sindicato, no fue evaluado de forma adecuada.
