El Science Truck FECYT nació con una promesa irresistible para cualquier departamento de comunicación pública: llevar a los youtubers de ciencia a las aulas, conectar con adolescentes y “estar donde está el público joven”. La idea, en papel, sonaba moderna. El problema es lo que pasa después cuando llegan los números: 446.383,46 euros gastados entre 2018 y 2021 para producir 78 vídeos en un canal propio de YouTube que hoy acumula alrededor de 10.500 suscriptores y cuyo vídeo más visto ronda las 250.000 reproducciones, según el desglose difundido por Pablo Haro Urquízar.
Y hay más: entre los “expertos” remunerados figura Rocío Vidal Menacho (La Gata de Schrödinger), con 31.368,52 euros; Javier Santaolalla, con 32.751,91 euros; y José Santiago García Cremades, con 22.264 euros, según ese mismo desglose. Un proyecto público, pagado con dinero público, que lleva inactivo más de cinco años, sin publicaciones desde octubre de 2021, de acuerdo con el registro del propio canal.
La pregunta que muchos se hacen no es si la divulgación científica debe financiarse. La pregunta es otra: ¿qué se compró exactamente con casi medio millón de euros y por qué se apagó el proyecto dejando el canal abandonado?
🔴 EXCLUSIVA
El Gobierno pagó 31.400 euros a La Gata de Schrödinger por colaborar en un canal de Youtube del Ministerio de Ciencia
Gastaron 450.000 euros en «Sciencie Truck» por 78 vídeos
Totos los detalles en mi Telegram https://t.co/isQrqloqI6 pic.twitter.com/96GIJbClLv
— Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) January 12, 2026
Casi 450.000 euros por 78 vídeos: el coste que dispara las alarmas
El dato bruto ya impresiona: 446.383,46 euros para 78 vídeos. Sale una media que invita a levantar una ceja incluso antes de abrir Excel.
Según el desglose facilitado, el gasto se repartió así:
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326.104,03 euros en producción audiovisual, con un grueso atribuido a Quality Media Producciones SL (314.911,53 euros)
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115.306,43 euros en expertos
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4.973 euros en ponentes
En una era donde instituciones, universidades y museos generan contenidos de calidad con presupuestos mucho más ajustados, el debate no tarda en aparecer: ¿era imprescindible ese modelo de producción?, ¿se midió el retorno real en audiencia y utilidad educativa?, ¿y quién evaluó el impacto?
Quién cobró: La Gata de Schrödinger, Santaolalla y García Cremades
En la lista de expertos remunerados aparecen algunos de los divulgadores más conocidos del panorama hispano. El proyecto Science Truck se presentó, precisamente, como un formato de divulgación protagonizado por youtubers para atraer a los más jóvenes.
En ese contexto, el desglose difundido señala pagos concretos a:
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Rocío Vidal Menacho (La Gata de Schrödinger): 31.368,52 euros
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Javier Santaolalla: 32.751,91 euros
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José Santiago García Cremades: 22.264 euros
Esto no implica irregularidad por sí mismo. Cobrar por un trabajo profesional es normal. El punto delicado es otro: si el canal acaba muerto, el foco se desplaza del “quién” al “para qué”. ¿Se compró una estrategia sostenida o solo una campaña efímera con factura permanente?
Un canal institucional que se apaga y nadie explica por qué
Aquí está el detalle que convierte un gasto discutible en una polémica redonda para redes: el proyecto no solo costó dinero, sino que además se quedó sin continuidad.
Science Truck fue impulsado por la FECYT como apuesta por contenido audiovisual “donde está el público joven” y con youtubers como reclamo. El canal existe, se puede consultar públicamente y forma parte del rastro digital del proyecto.
Pero si un canal institucional se queda congelado durante años, la sensación para el contribuyente es inmediata: campaña puntual, estructura cara, y después el abandono. Y es justo ahí donde el debate se vuelve político.
Lo que más irrita al contribuyente: el “retorno” de la inversión
En términos de comunicación pública, hay dos métricas que importan:
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Audiencia: si el objetivo era llegar a jóvenes, ¿se consiguió una comunidad real o solo picos puntuales?
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Impacto: ¿se integró el contenido en aulas, programas educativos o itinerarios de aprendizaje medibles?
El desglose difundido habla de 10.500 suscriptores y un máximo de 250.000 reproducciones en el vídeo más visto. Con casi medio millón de euros, ese rendimiento abre un debate inevitable: ¿cuánto costó cada suscriptor? ¿cuánto costó cada vídeo? ¿y por qué no se escaló o se reconvirtió el formato en lugar de dejarlo morir?
El problema de fondo: cuando el Estado compite como “creador” y luego abandona
Science Truck apunta a un fenómeno cada vez más frecuente: ministerios y fundaciones públicas queriendo jugar en YouTube como si fueran productoras. Puede salir bien, pero exige una condición mínima: continuidad, estrategia y evaluación.
Cuando no ocurre, el proyecto deja una estampa muy difícil de defender:
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Se paga a creadores conocidos
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Se paga una producción externa con cifras altas
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Se lanza un canal institucional
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Se apaga y queda como un “cementerio” de contenidos
Y entonces la duda se cuela sola: si esto era tan importante como para gastar 446.000 euros, ¿por qué no fue lo bastante importante como para mantenerlo vivo?
Transparencia: la pregunta que nadie contesta
Si el objetivo era divulgación, la discusión se resolvería con transparencia total:
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contratos y memorias públicas
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KPIs del proyecto
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evaluación externa del impacto
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explicación oficial del cierre/inactividad
Sin eso, la conversación se llena de sospechas, titulares y malestar. Y no ayuda que, al mismo tiempo, el debate sobre el gasto público esté más encendido que nunca.
De hecho, no es la primera vez que las partidas públicas en comunicación o “proyectos” generan controversia. Ahí está, por ejemplo, el debate sobre propaganda institucional y YouTube que ya ha provocado polémica con otros contenidos: Documental: Sánchez supera reproducciones en YouTube: propaganda por encargo de El País.
Y cuando el contribuyente ve titulares de subvenciones llamativas en otros ámbitos, la pregunta se amplifica: ¿quién decide estas prioridades y con qué control? Basta mirar otro caso que levantó ampollas: Sánchez envía 500.000 euros a una ONG vinculada a Soros para promover la diversidad sexual.
El patrón que percibe mucha gente es simple: mucho dinero en proyectos vistosos, poca rendición de cuentas y, cuando llegan las críticas, silencio.
El detalle incómodo: FECYT admite que no financió otros canales “salvo ayudas convocadas”
Según la información aportada, la FECYT no financió otros canales de YouTube ni podcasts salvo por vías de ayudas públicas convocadas. Eso añade otra capa al debate: si se apostó por un canal propio como gran bandera, ¿por qué se dejó caer? ¿Por qué no se transformó en colaboraciones más eficientes con canales ya consolidados, o en formatos educativos reutilizables?
Porque si algo ha demostrado internet es que lo caro no es producir un vídeo: lo caro es sostener un proyecto.
La pregunta final que lo resume todo
La divulgación científica es necesaria. Los creadores, también. Y la Administración puede apoyar. Pero cuando los números son tan altos y el proyecto termina abandonado, la cuestión deja de ser cultural y pasa a ser política:
¿Fue una inversión en ciencia para jóvenes o un escaparate caro que se apagó cuando dejó de interesar?
Fuente: datos difundidos por Pablo Haro Urquízar, según la información publicada en su perfil de X
https://x.com/pabloharour
