La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación preprocesal contra el icónico cantante Iglesias tras recibir dos denuncias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación preprocesal contra el icónico cantante español Julio Iglesias, tras recibir una denuncia por presuntas agresiones sexuales y trata de seres humanos. España está dividida y muestra su polarización hasta en este caso. Unos creen que Iglesias es un brutal agresor, otros consideran que se trata de una mera cortina de humo.
La acción judicial se basa en los testimonios de dos exempleadas del artista, quienes lo acusan de abusos físicos, psicológicos y sexuales ocurridos en sus residencias en el Caribe durante 2021. Esta noticia, revelada inicialmente por medios como elDiario.es, marca un nuevo capítulo en el movimiento #MeToo en España, donde otras figuras públicas podrían enfrentarse a un escrutinio por conductas pasadas.
Según detalles de la denuncia, presentada el pasado 5 de enero con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, las mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, relatan un patrón de intimidación y coacción en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas.
Las alegaciones incluyen tocamientos no consentidos, penetraciones forzadas, bofetadas, insultos y humillaciones verbales, todo en un contexto de asimetría de poder y dependencia económica. Las denunciantes destacan que no contaban con contratos laborales formales, lo que agravaba su vulnerabilidad, y describen un entorno de «trabajo forzado» con elementos de trata, involucrando a dos supervisoras que supuestamente facilitaban los abusos.
Veracidad de las acusaciones
La Fiscalía ha incoado diligencias para evaluar la veracidad de las acusaciones y determinar si proceden cargos formales. Fuentes judiciales indican que se investigarán delitos contra la libertad sexual, lesiones y posibles vulneraciones laborales.
Iglesias, de 82 años y residente en Miami, no ha respondido públicamente aún, pero su entorno ha calificado las alegaciones como «infundadas». El cantante, conocido por éxitos como Hey y Me va, me va, ha sido una figura emblemática de la música latina, con más de 300 millones de discos vendidos, pero no es la primera vez que enfrenta controversias personales.
Este caso surge tras una exhaustiva investigación periodística de tres años por parte de elDiario.es y Univision Noticias, que recopiló testimonios de las afectadas y otras testigos. Las denunciantes, de origen latinoamericano, enfatizan su búsqueda de justicia no solo personal, sino para prevenir futuros abusos. «Queremos que no quede impune», declaró una de ellas, destacando el impacto en su dignidad y estabilidad emocional.
Investigación exhaustiva
El Gobierno español, a través del Ministerio de Igualdad, ha reclamado una investigación exhaustiva. «No habrá impunidad». Este escándalo podría afectar la imagen de Iglesias, quien ha mantenido un perfil bajo en los últimos años debido a problemas de salud.
Expertos en derecho penal señalan que, si se confirman los hechos, Iglesias podría enfrentar penas severas bajo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
La investigación preprocesal es el primer paso; de avanzar, podría derivar en un juicio en la Audiencia Nacional, dada la posible dimensión internacional de los delitos. Mientras tanto, el mundo del espectáculo observa con atención cómo este ídolo de generaciones pasadas enfrenta uno de los mayores desafíos de su vida.
Resumen de las declaraciones
Las dos denunciantes, protegidas bajo los nombres ficticios Laura y Rebeca, ofrecieron testimonios detallados en elDiario.es sobre los abusos sufridos en 2021 en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas.
Rebeca (trabajadora doméstica y posiblemente fisioterapeuta): Describe agresiones sexuales como penetraciones, tocamientos y bofetadas, acompañadas de vejaciones verbales y físicas. Relata un ambiente de control con propuestas sexuales constantes y humillaciones en presencia de supervisoras, lo que impedía resistencia. En sus declaraciones, busca justicia para que «no siga haciendo lo que hace» y destaca la ausencia de contratos, vulnerabilidad económica y temor a represalias.
Laura (trabajadora doméstica): Acusa de actos violentos no consentidos, con lesiones como moretones y mordeduras, zarandeos por el cabello y acoso sistemático delante de otras empleadas. Enfatiza el impacto psicológico y el mensaje a otras víctimas: «Que hablen y crean en la justicia«, para dar fuerza colectiva contra el maltrato físico, sexual y emocional.
Ambas denuncian un patrón de trata con fines de servidumbre, agravado por racismo y machismo, solicitando protección judicial.
