Predominio masculino con un 94% y crecimiento exponencial, con una edad media de 19 años de esos menas; marroquíes, en cabeza
España ha superado la barrera de los 20.000 menores extranjeros no acompañados (menas) y extutelados, alcanzando un total de 20.116 personas en septiembre de 2025, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones liderado por Elma Saiz.
Esta cifra representa un incremento del 155,3% respecto a junio de 2021, cuando se registraban 7.878 individuos, sumando 12.238 jóvenes más en poco más de cuatro años.
El perfil demográfico revela una edad media de 19 años, con un notable desequilibrio de género: solo el 6% son mujeres, lo que resalta la predominancia masculina en este grupo migratorio.
En cuanto a las edades, el segmento de 16-17 años ha crecido un 62,7%, pasando de 2.158 (27% del total) a 3.510 (17%). Sin embargo, el aumento más drástico se observa en el rango de 18-23 años, con un 190,3% de incremento, de 5.720 a 16.606 personas.
Casi el 97% de los menas entre 16 y 17 años cuentan con autorización temporal para residir y trabajar en España. No obstante, el Ministerio reconoce que su integración laboral es «compleja» debido a que su tarjeta de residencia no reconoce explícitamente el derecho al trabajo, lo que dificulta su inserción en el mercado laboral.
Más de la mitad, de Marruecos
Por nacionalidades, Marruecos lidera con 10.921 personas, representando el 54% del total, aunque ha descendido del 76% en 2021. Le siguen Gambia (2.567), Argelia (2.063), Senegal (1.680) y Mali (580), configurando un flujo migratorio mayoritariamente africano.
Este crecimiento exponencial plantea desafíos políticos y sociales. El Gobierno ha amenazado con sanciones a las comunidades autónomas que no acojan menas, mientras que regiones como el País Vasco y Cataluña no reciben ninguno, según informes previos. Expertos advierten sobre la necesidad de mejorar la integración para evitar exclusión social, en un contexto de creciente presión migratoria.
La situación subraya la urgencia de políticas coordinadas entre el Estado y las autonomías para gestionar este fenómeno, que impacta en recursos educativos, sanitarios y de vivienda. Fuentes ministeriales insisten en la protección de estos vulnerables, pero el debate sobre costos y distribución regional persiste sin datos detallados públicos.
