La administración republicana endurece su política migratoria
La Administración de Donald Trump ha intensificado su política de control migratorio con la suspensión de la tramitación de visados a inmigrantes procedentes de 75 países, una medida que afecta a naciones como Irán, Rusia, Somalia, Afganistán, Nigeria y Egipto. El objetivo, según la Casa Blanca, es proteger el sistema de bienestar social y reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos.
La decisión fue anunciada por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, quien confirmó que la congelación de visados entrará en vigor el 21 de enero y se mantendrá sin fecha límite hasta que el Departamento de Estado concluya una revisión exhaustiva de los criterios de admisión migratoria.
El principio de “carga pública” como base legal
La medida se sustenta en el llamado principio de “carga pública”, una figura legal que permite denegar visados a solicitantes que, previsiblemente, podrían depender de ayudas públicas una vez establecidos en territorio estadounidense. Desde el Departamento de Estado señalan que esta política busca evitar abusos del sistema migratorio y proteger a los contribuyentes.
“El Departamento de Estado utilizará plenamente su autoridad para declarar inadmisibles a aquellos solicitantes que puedan convertirse en una carga para el erario público”, afirmó Tommy Pigott, portavoz del organismo, recalcando que la prioridad es salvaguardar los intereses económicos y sociales del país.
Endurecimiento migratorio y preocupación por la seguridad
La suspensión de visados se enmarca en un endurecimiento general de la política migratoria, motivado por recientes casos de violencia y fraude vinculados a inmigrantes. Entre los episodios más destacados figura un ataque armado cometido por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, así como investigaciones por fraude a gran escala en Minnesota, que han afectado especialmente a comunidades de origen somalí.
Fin de protecciones temporales y refuerzo del ICE
De forma paralela, la Administración Trump ha retirado el estatus de protección temporal (TPS) a miles de inmigrantes somalíes y ha incrementado la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), intensificando las redadas contra personas en situación irregular.
El mensaje del Ejecutivo es claro: Estados Unidos no será un destino para la inmigración ilegal ni para quienes pretendan depender de ayudas públicas, reforzando así su política de control fronterizo.
Un giro soberanista en la política migratoria de EE. UU.
Con esta decisión, Trump consolida un enfoque soberanista en materia migratoria, reafirmando su compromiso de recuperar el control de las fronteras, priorizar la seguridad nacional y defender al contribuyente estadounidense frente a lo que considera abusos del sistema migratorio internacional.
