Tampoco elaboró para Extremadura planes de reactivación económica ni territorial pese a su impacto en empleo e ingresos municipales
El Gobierno escamotea del escrutinio público su propio informe sobre el impacto económico en los municipios afectados por el cierre ideológico de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. El Ministerio de Transición Ecológica mantiene en incertidumbre a la región extremeña porque no aclara si extenderá la vida operativa de la planta ni publica el estudio socioeconómico que encargó al Instituto de Transición Justa para medir las consecuencias del cierre y preparar medidas mitigadoras con fondos específicos.
El departamento que dirige Sara Aagesen solicitó el año pasado este análisis como parte del plan de acción urgente en la Estrategia de Transición Justa, que incluye zonas afectadas por cierres de instalaciones nucleares, térmicas de carbón o minas. Este trabajo figuraba en el plan del Instituto para 2025, pero, según El Economista, el Ministerio no lo presentó ni lo hizo público, y eliminó cualquier mención explícita en el plan de trabajo para 2026.
En ese sentido, el citado medio recoge que el Gobierno de Sánchez tampoco presentó ningún plan concreto para mitigar el desastre socioeconómico que generará el cierre, a un año vista de la clausura oficial de Almaraz, y mantiene abierta hasta el 1 de febrero la consulta pública sobre la próxima Estrategia de Transición Justa, que debería detallar el desarrollo de planes de cierre para las nucleares.
Críticas a los cierres de nucleares por el PP
Ahora, el Instituto de Transición Justa continúa trabajando en la medida, aunque la integran en un apartado general del plan 2026 sobre «la elaboración de análisis socioeconómicos por sectores donde se identifiquen los desafíos y oportunidades derivados de la descarbonización de la economía española y el papel de la transición justa», según explicó el Ministerio de Transición Ecológica.
La Estrategia de Transición Justa vigente critica los cierres de Garoña y Zorita, que el Partido Popular ejecutó sin planes de reactivación económica ni territorial pese a su impacto en empleo e ingresos municipales. El texto admite que, aunque estos cierres contaban con calendarios anticipados, «no ha sido aprovechada en España» esa ventaja, y «se ha priorizado la negociación de prórrogas frente a la planificación de la reactivación».
El documento señala que la falta de planificación previa concentró efectos negativos en empleo, actividad económica y demografía local, sobre todo en municipios dependientes de las centrales. Por ello, justifica incluir las nucleares en el Plan de Acción Urgente y prevé convenios para acompañar los cierres con nuevas actividades industriales, energéticas o de innovación que generen empleo estable, junto con financiación específica, prioridad en ayudas públicas y planes de formación o recolocación de trabajadores.
