No hay dinero para bajar el IVA de la carne o el pescado, pero sí hay casi un millón de euros para que la web de La Moncloa esté en perfecto catalán a las tres de la mañana si a un usuario se le ocurre consultarla. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la prioridad nacional es gastarse hasta 842.000 euros al año en un servicio de traducción 24/7 para sus contenidos web en lenguas cooficiales, con especial énfasis en el catalán. Se trata de un nuevo peaje que todos los españoles pagamos para que el líder socialista pueda seguir sentado en su sillón gracias al apoyo de ERC y Junts.
El pliego técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación no deja lugar a dudas: se impone un servicio de guardia permanente, dobles revisiones y un control de calidad férreo. Como si la unidad de España dependiera de que la última nota de prensa sobre el Falcon se traduzca al instante. Mientras la pobreza no para de subir en nuestro país y las colas del hambre son una realidad en las capitales, Sánchez prefiere quemar el dinero público en gestos identitarios que no interesan a casi nadie, más allá de a los que viven de la agitación lingüística.
Un servicio de lujo con guardias y revisiones
Lo más sangrante no es solo la cifra, sino las condiciones del contrato reveladas por The Objective. El Gobierno exige que las empresas adjudicatarias mantengan personal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier «emergencia» comunicativa que deba ser traducida. ¿Qué noticia tan urgente puede tener Moncloa que no pueda esperar al lunes por la mañana para ser traducida al catalán, gallego o vasco? Ninguna. Es puro postureo ideológico pagado con el esfuerzo de los contribuyentes.
Este despilfarro se suma a una larguísima lista de gastos superfluos. No olvidemos que este mismo Ejecutivo es el que ha disparado el coste de la deuda pública hasta niveles récord. Es decir, estamos pidiendo prestado dinero a intereses altísimos para pagar traductores externos que hagan un trabajo que, en muchos casos, ya podrían realizar los cientos de asesores que tiene el Gobierno en nómina. Pero claro, es mucho más estético dar contratos a dedo o mediante licitaciones a medida para regar el ecosistema de medios y empresas afines al independentismo.
El catalán como moneda de cambio política
Este contrato es la prueba fehaciente de que para Sánchez, el catalán es simplemente una moneda de cambio. No se trata de proteger la cultura o la lengua, se trata de cumplir con los puntos del acuerdo de investidura que le exigían «hacer visible la pluralidad lingüística en todas las instituciones del Estado». Y esa visibilidad nos cuesta 842.000 euros al año, una cifra que daría para construir varios centros de salud o para ayudar a autónomos que están bajando la persiana asfixiados por las cuotas.
Mientras el Gobierno se gasta este dineral en traducciones innecesarias, vemos cómo en otros ámbitos hay una carencia absoluta de recursos. Por ejemplo, en la defensa de los intereses nacionales en Europa, donde recientemente se ha visto cómo Marruecos y Mauritania nos ganan la partida con la pesca. Sánchez prefiere mirar hacia adentro, hacia el ombligo de sus socios separatistas, que defender el pan de los pescadores españoles o la viabilidad de nuestra industria.
Desprecio a la eficiencia administrativa
Con las herramientas de inteligencia artificial actuales, una traducción básica de una web oficial podría hacerse con un coste prácticamente nulo y una revisión posterior mínima. Pero el pliego de Moncloa exige «intervención humana experta» y disponibilidad inmediata, lo que encarece el servicio de forma artificial. Es la vieja política de usar el Boletín Oficial del Estado para beneficiar a unos pocos mientras se ignora el clamor de la mayoría por la austeridad y el sentido común.
El sanchismo ha convertido la administración pública en un parque temático de la ideología «woke» y separatista. Se traduce todo, se revisa todo y se paga todo con un dinero que, según decían ellos, «no es de nadie». El problema es que ese dinero sale del sudor de quienes hoy no saben si podrán pagar la hipoteca el mes que viene. Ver que se tiran casi un millón de euros en traductores catalanes 24/7 es, sencillamente, un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los españoles.
En resumen, Sánchez sigue con su huida hacia adelante, quemando los naves de la cordura financiera para comprar tiempo en La Moncloa. Hoy son 842.000 euros para traducciones; mañana será otra concesión al independentismo que nos costará la soberanía. El precio de su supervivencia política es demasiado alto y lo estamos pagando todos.
