La formación patriota y soberanista sigue creciendo en intención de voto
Reform UK, el partido encabezado por Nigel Farage, se consolida como la principal fuerza política en las últimas encuestas, poniendo en serios aprietos al Gobierno de Keir Starmer. Una macroencuesta publicada por The Telegraph revela un fuerte retroceso del Partido Laborista en las zonas donde se han aplazado las elecciones locales, hasta el punto de quedar como tercera fuerza política.
Según el sondeo, si los comicios locales suspendidos se celebraran hoy, los laboristas perderían el control de hasta diez consejos municipales y cerca de la mitad de los escaños en disputa. El estudio apunta a un trasvase masivo de votos hacia Reform UK, que obtendría el 28 % de los apoyos y se situaría en primera posición. Muy por detrás quedarían los conservadores, con un 21 %, mientras que el Partido Laborista descendería hasta el 17 %. Liberales demócratas y el Partido Verde completarían el reparto electoral.
El análisis señala que el partido en el Gobierno perdería la mayoría absoluta en seis consejos y quedaría al límite en otros cuatro, gobernando con el número mínimo de concejales necesarios. En términos globales, los laboristas se dejarían casi la mitad de los 188 escaños que actualmente están en juego en estas administraciones locales.
Nigel Farage ha interpretado estos datos como una prueba de que el Ejecutivo teme una victoria de Reform UK. El líder del partido afirmó que la encuesta confirma sus denuncias previas: «El stablishment ha decidido cancelar estas elecciones porque sabe que Reform UK las ganaría de forma clara».
Desde el Partido Conservador, las críticas al Gobierno tampoco se han hecho esperar. James Cleverly, secretario en la sombra de Comunidades, acusó al Ejecutivo de “socavar la democracia” y de impedir que millones de ciudadanos ejerzan su derecho a elegir a sus representantes locales.
El Gobierno ha justificado el aplazamiento de hasta 28 elecciones locales amparándose en una disposición de la Ley de Gobierno Local del año 2000, una medida que afecta a cerca de cuatro millones de votantes. No obstante, la Comisión Electoral ha cuestionado públicamente si existen realmente “circunstancias excepcionales” que respalden una decisión de este calibre.
