El dolor golpea con una fuerza insoportable a la localidad onubense de Punta Umbría y, por extensión, a toda España. Se han confirmado los peores presagios: cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez han sido hallados sin vida entre los restos del fatídico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Padre, madre, hijo y sobrino han perecido en un siniestro que ya se cobra la vida de 39 personas, convirtiéndose en una de las páginas más negras de la historia reciente de nuestro transporte. La consternación es absoluta, pero también comienza a brotar la indignación ante la gestión y las palabras de los responsables políticos.
Mientras las familias lloran a sus muertos y los equipos de rescate continúan su ardua labor en la zona del descarrilamiento del tren Iryo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado en salir a la palestra con unas declaraciones que muchos consideran, cuanto menos, desafortunadas por su frialdad. «El Estado ha actuado como tenía que actuar», ha sentenciado el líder socialista, una frase que resuena con un eco metálico y burocrático frente al drama humano que se vive en las vías.
¿Infraestructuras abandonadas? Las sombras del accidente
La confirmación de las muertes llega en un momento crítico para el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, cuya gestión de la red ferroviaria lleva meses en el punto de mira por las continuas averías, retrasos y caos. Aunque el descarrilamiento en Adamuz se ha producido —según las primeras informaciones— en un tramo recto y supuestamente renovado, surgen interrogantes inquietantes. Ya en junio se habían reportado incidencias por vibraciones en esa misma zona. ¿Se ignoraron las señales de alarma? ¿Está el mantenimiento de nuestras vías a la altura de la seguridad que exigen los ciudadanos?
El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial, y las banderas ondean a media asta. El alcalde se ha desplazado al lugar de la tragedia, roto por el dolor de sus vecinos. Una niña de seis años, familiar de los fallecidos, ha quedado bajo custodia de la Guardia Civil, en una imagen que rompe el corazón y que humaniza una estadística que para el Gobierno parece ser solo un número más que gestionar.
Sánchez y la empatía ausente
Resulta chocante que, ante una catástrofe de esta magnitud con casi 40 fallecidos, la prioridad del Presidente sea blindar la actuación del «Estado» —es decir, su propia gestión— antes que ofrecer respuestas claras sobre las causas o asumir cualquier tipo de responsabilidad política si la hubiera. La frase «El Estado ha actuado como tenía que actuar» parece más un escudo defensivo ante lo que pueda salir en la investigación que un mensaje de consuelo a una nación conmocionada. España necesita saber por qué un tren moderno descarrila en un tramo renovado, y no autocomplacencia gubernamental mientras se cuentan cadáveres.
La familia Zamorano Álvarez ha quedado destrozada, y con ella, la confianza de muchos españoles en un sistema de transporte que, lejos de ser la joya de la corona de la que presumía el Gobierno, muestra costuras trágicas. Esperemos que la investigación sea rigurosa y que, por una vez, la verdad no sea atropellada por la propaganda oficial de Moncloa.
