Figura en los audios que la UCO se encuentra investigando
Una de las empresas constructoras que participó en la renovación del tramo ferroviario donde tuvo lugar el grave accidente de Adamuz ha sido relacionada con Koldo García a través de unos audios incorporados a una investigación judicial. En dichas grabaciones se hace referencia a supuestos pagos vinculados a la obtención de contratos de obra pública, situando a la compañía en el centro de la atención mediática por una doble vía: su papel en una infraestructura estratégica del corredor ferroviario Madrid–Sevilla y su mención en diligencias que analizan posibles contraprestaciones económicas para influir en adjudicaciones.
La existencia de estos audios fue desvelada por The Objective, que en julio de 2025 publicó grabaciones incluidas en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ese material se menciona la emisión de una factura por valor de 6.000 euros, además de conversaciones que, por su contenido, se enmarcan en investigaciones relacionadas con contratos públicos. La información difundida describe el contexto documental de los pagos, sin adelantar conclusiones que corresponden exclusivamente al ámbito judicial.
Según la documentación conocida hasta ahora, la relación entre Koldo García y la constructora se habría formalizado como un supuesto contrato de asesoramiento destinado a facilitar la expansión de la empresa en mercados de Iberoamérica. Este acuerdo incluiría una remuneración mensual fija y una parte variable condicionada a la obtención de obras internacionales. Dicho encaje contractual, presentado como un servicio de consultoría, forma parte del material que están analizando los investigadores para determinar su auténtica naturaleza.
En el plano administrativo, la empresa figura como integrante de una unión temporal de empresas (UTE) que obtuvo importantes contratos ferroviarios. El 9 de abril de 2022, ADIF Alta Velocidad adjudicó por 52,49 millones de euros, IVA incluido, las obras de mejora del tramo Guadalmez–Córdoba, correspondiente a la Línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla. La UTE estaba compuesta por Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Azvi y Contratas y Ventas. El proceso de licitación se inició a finales de 2021, cuando tanto Koldo García como el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya no ocupaban cargos en el ministerio.
Este contexto sitúa a la constructora en dos ámbitos diferenciados y sustentados en fuentes distintas. Por un lado, el judicial, debido a su aparición en audios incorporados a diligencias en curso. Por otro, el administrativo, por su participación en adjudicaciones oficiales de ADIF dentro del corredor Madrid–Sevilla. La adjudicación acredita la presencia contractual de la empresa en obras de mejora de la infraestructura, pero no concreta qué trabajos ejecutó cada socio de la UTE ni establece, por sí sola, una relación directa con los pagos investigados, cuestión que deberá esclarecerse mediante informes técnicos y periciales.
El interés sobre estas adjudicaciones se ha intensificado tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026, que ha dejado al menos 40 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, según datos de los servicios de emergencia. Se trata de uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en España en las últimas décadas.
Las primeras reconstrucciones apuntan a que un tren de Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló en las inmediaciones de Adamuz, invadió la vía contigua y colisionó con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. Tras el impacto, ambos convoyes descarrilaron, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencia.
Fuentes técnicas han señalado que el accidente se produjo en un tramo recto que había sido renovado en fechas relativamente recientes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a calificar esta circunstancia como “llamativa” dadas las características de la vía. Posteriormente, la agencia Reuters informó de que los investigadores barajan como hipótesis preliminar un posible fallo en una junta de carril, a la espera de confirmación oficial.
Conviene subrayar que una obra de mejora no equivale a un contrato de mantenimiento, una distinción clave a efectos de responsabilidades. Las obras implican controles como proyecto, dirección facultativa, certificaciones y actas de recepción, mientras que la explotación de la línea genera registros propios, como inspecciones periódicas y partes de intervención, que permiten comprobar si existieron incidencias previas y qué decisiones se adoptaron antes del siniestro.
La investigación técnica y judicial en curso deberá esclarecer tanto las causas del accidente como las posibles responsabilidades derivadas. Para ello serán determinantes los informes de infraestructura y operación, junto con la documentación de obra y explotación, que permitirán reconstruir con precisión qué ocurrió en la vía de Adamuz antes de la colisión.
