El senegalés acumula dos condenas por robo con violencia o intimidación, con penas de entre 2 y 5 años de prisión
Se trata al fin de una victoria para la seguridad de nuestras fronteras; un fallo que refuerza la soberanía nacional y la protección de los ciudadanos españoles… El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha ratificado la expulsión de un ciudadano senegalés de 56 años, calificado como una «amenaza real y grave para el orden público».
Esta decisión, basada en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, pone fin a la estancia de un individuo con un historial delictivo extenso, demostrando que la justicia no tolera la impunidad en materia de inmigración irregular.
Condenas por robo y tráfico de drogas
El expulsado, quien había obtenido una autorización de residencia de larga duración, acumula dos condenas por robo con violencia o intimidación, con penas de entre 2 y 5 años de prisión. A esto, como confirma SeguCity, se suman innumerables antecedentes policiales y judiciales por delitos contra el patrimonio con uso de fuerza, así como tráfico de drogas.
Según el tribunal, su comportamiento delictivo solo cesó durante sus periodos en prisión, lo que evidencia una reiteración peligrosa que no puede ser ignorada en un país que prioriza la seguridad de sus familias.
La resolución administrativa destaca la «distinta naturaleza de los delitos», subrayando el «especial reproche» merecido por robos con fuerza y el narcotráfico, cuyos «efectos devastadores» amenazan el tejido social español.
A pesar de un arraigo laboral pasado, dejó de cotizar en 2008, el tribunal descartó cualquier atenuante significativo, como lazos familiares o sociales, priorizando el bien común sobre excusas individuales. A sus 56 años, no se alegó desprotección, confirmando que la edad no exime de responsabilidad.
Riesgo de políticas migratorias laxas
Este caso ilustra los riesgos de políticas migratorias laxas promovidas por la izquierda, que permiten la entrada y permanencia de elementos peligrosos, sobrecargando nuestros recursos y poniendo en jaque la convivencia.
Y solo VOX lo tiene claro: España no será refugio para delincuentes extranjeros. «La reiteración de su comportamiento delictivo representa una amenaza actual y grave», argumenta la sentencia, alineándose con la jurisprudencia que defiende el orden público.
Mientras el Gobierno progresista sigue abogando por amnistías y fronteras porosas, decisiones como esta protegen nuestra identidad nacional y restauran la confianza en el sistema judicial.
Con esta expulsión, Baleares da un ejemplo que debería replicarse en todo el territorio, recordándonos que la ley y el orden son pilares inquebrantables de una sociedad como debería de ser la nuestra.
