En un mercado inmobiliario que asfixia a familias y jóvenes, ha llegado el momento de poner el foco en uno de los actores más rentistas y, a menudo, inútiles del sistema: las agencias inmobiliarias. Bajo el pretexto de una «gestión profesional», algunas de estas empresas se han convertido en auténticos peajes que encarecen la vivienda sin aportar un valor real.
¿Es justificable que alguien se lleve miles de euros por el simple hecho de enseñarte una casa durante diez minutos? La respuesta corta es no, y la larga suena a estafa legalizada.
La práctica es tan común como abusiva. El cliente, ya sea comprador o inquilino, se encuentra con una barrera insalvable: si quieres acceder al piso que te gusta, tienes que pasar por caja y abonar una comisión que puede llegar al 5% del valor de venta o a una mensualidad entera en el caso del alquiler (a pesar de los intentos legales por limitar esto).
En muchos casos, el «trabajo» de la inmobiliaria se limita a subir cuatro fotos mal hechas a un portal web y concertar citas que el propio dueño podría gestionar con un calendario básico. Es el negocio perfecto: riesgo cero, inversión mínima y beneficios estratosféricos a costa del esfuerzo ajeno.
Comisiones de lujo para un servicio low-cost
La indignación social crece a medida que los precios de la vivienda alcanzan cotas históricas. Mientras el ciudadano medio tiene que ahorrar durante décadas para una entrada, el agente inmobiliario de turno espera cobrar una comisión que a veces supera el salario anual de un trabajador. Y todo ello por un servicio que brilla por su ausencia. Muchos usuarios denuncian que las inmobiliarias ni siquiera conocen los detalles técnicos de los inmuebles, no comprueban las cargas en el Registro de la Propiedad hasta el último momento y se limitan a presionar para cerrar la operación lo antes posible.
Lo más sangrante es que, en un contexto de subida imparable del precio de la vivienda, la labor de estas agencias a menudo consiste en inflar los precios para engordar sus propias comisiones proporcionales. En lugar de actuar como mediadores neutrales, funcionan como aceleradores de la burbuja. No es de extrañar que proliferen noticias sobre la plusvalía de la vivienda como el único motor económico en muchas regiones, mientras el derecho constitucional a un techo digno se convierte en un lujo de difícil acceso por culpa de estos intermediarios voraces.
¿Un futuro sin comisiones abusivas?
A pesar de que las estadísticas oficiales a veces hablan de una ligera bajada del precio de la vivienda en zonas muy específicas, el coste de la intermediación sigue siendo un lastre. Han surgido plataformas digitales que intentan eliminar este peaje, permitiendo la conexión directa entre particulares, pero las grandes redes inmobiliarias contraatacan acaparando el inventario de los principales portales. Es un oligopolio de facto que obliga al consumidor a aceptar condiciones leoninas si no quiere quedarse fuera del mercado.
En definitiva, las inmobiliarias han pasado de ser un servicio útil de asesoramiento a convertirse en una anomalía del mercado que sobrevive gracias a la opacidad y a la desesperación de quienes necesitan un hogar.
Cobrar comisiones astronómicas por enseñar una casa no es periodismo, es contundencia pura: es un abuso que debería estar en el centro del debate público. Mientras no se regule de manera estricta qué es una gestión inmobiliaria y qué no, seguiremos pagando «peaje por puerta abierta» a quienes, en realidad, solo aportan una llave y mucha desfachatez.
