La red de cercanías de Cataluña, conocida como Rodalies, ha vuelto a colapsar en una jornada negra que ha dejado a cerca de 400.000 usuarios diarios sumidos en la desesperación y la incertidumbre. Lo que el jueves 22 de enero de 2026 debería haber sido un día normal de desplazamientos para miles de trabajadores y estudiantes se ha convertido en una ratonera logística sin precedentes. Tras más de 36 horas de bloqueo derivado de dos accidentes ferroviarios consecutivos, la sensación de abandono entre la ciudadanía es absoluta, con una gestión de crisis que brilla por su ausencia por parte de los responsables de Renfe y Adif.
El origen del desastre ferroviario se sitúa en dos puntos críticos: un accidente fatal en Gelida (Barcelona), que ha dejado un muerto y decenas de heridos, y un descarrilamiento en el tramo entre Blanes y Maçanet de la Selva. Estas dos incidencias han sido el golpe de gracia para una infraestructura que lleva años operando al límite de sus capacidades. La parálisis resultante no solo ha afectado a las líneas locales, sino que ha bloqueado el corredor ferroviario de gran parte del noreste español, dejando a Cataluña virtualmente incomunicada por vía férrea.
Sants se convierte en el epicentro de la indignación
Este jueves, la estación de Barcelona Sants ha sido el escenario de momentos de tensión y protestas espontáneas. Los viajeros denuncian que la compañía ferroviaria no ha ofrecido alternativas generales eficaces, como autobuses lanzadera, obligando a muchos a buscar soluciones desesperadas por su cuenta. Testimonios como el de Raúl Bruno reflejan el calvario de los usuarios: «Me han recomendado buscar una alternativa privada… la empresa dice que no sabe si el servicio retomará hoy, que puede durar dos horas, dos días o dos meses». Esta falta de información veraz es el combustible que alimenta el malestar social.
Para muchos, el problema no es solo el retraso, sino el coste económico directo. Casos como el de Volkan, un residente que tuvo que pagar 17 euros adicionales por un billete de alta velocidad para intentar llegar a Gerona y una noche extra de hotel para no perder su vuelo a Estambul, ilustran la sangría económica que el mal servicio impone a los ciudadanos. Ante la avalancha de críticas, la Generalitat ha habilitado de urgencia un formulario para que los usuarios reclamen los gastos derivados de tener que contratar transportes privados ante la inoperancia de Rodalies.
Una infraestructura desangrada por la falta de inversión y gestión
El debate político no ha tardado en estallar, señalando a la gestión del Ministerio de Transportes y a la degradación sostenida de la red ferroviaria española. Muchos analistas y ciudadanos ven en estos accidentes una consecuencia directa de prioridades políticas erróneas. Esta situación recuerda a las críticas vertidas sobre cómo la corrupción y la mala gestión política desencadenan una tragedia ferroviaria tras otra en nuestro país. El abandono de las vías y la falta de mantenimiento preventivo son fallos sistémicos que terminan costando caro no solo en términos económicos, sino también en vidas humanas.
La red de Rodalies se ha convertido en el símbolo de un sistema público que parece incapaz de garantizar un servicio básico de calidad. Mientras se anuncian grandes inversiones en alta velocidad, las líneas que utilizan diariamente los trabajadores se caen a pedazos. El descarrilamiento entre Blanes y Maçanet es el ejemplo perfecto de una vía que no aguanta más y que, ante el primer contratiempo meteorológico o técnico, sucumbe dejando a miles de personas tiradas en los andenes sin más explicación que un mensaje genérico por megafonía.
El impacto en la economía y la movilidad cotidiana
El bloqueo de Rodalies no es solo un problema de movilidad; es un lastre directo para la economía catalana. Miles de horas de trabajo perdidas, citas médicas canceladas y una pérdida de competitividad que se suma al hartazgo de una población que paga puntualmente sus impuestos y abonos de transporte a cambio de un servicio tercermundista. La recomendación de los propios empleados de Renfe de «buscar alternativas privadas» es la confesión final de un sistema que ha tirado la toalla.
A medida que pasan las horas, la presión sobre el Gobierno central y la Generalitat aumenta. Los usuarios exigen una auditoría externa de las infraestructuras y un plan de choque real para renovar las catenarias, los sistemas de señalización y las propias unidades de tren que, en muchos casos, superan con creces su vida útil. Mientras no se aborde el problema desde la raíz y se deje de jugar al enfrentamiento institucional sobre quién tiene las competencias, los pasajeros de Rodalies seguirán siendo los rehenes de un ferrocarril que parece destinado a fracasar cada vez que los catalanes necesitan confiar en él.
