El juicio por el brutal asesinato de una joven de 26 años en la localidad cordobesa de Montemayor, ocurrido en mayo de 2022, ha afrontado esta semana sus sesiones más técnicas y determinantes. En la Audiencia Provincial de Córdoba, los testimonios de los agentes investigadores y los expertos en tecnología han puesto de manifiesto cómo la geolocalización de un teléfono móvil fue la pieza maestra que permitió cerrar el cerco sobre el presunto asesino, su marido de nacionalidad rumana. El caso, que conmocionó a toda la comunidad por su crueldad y por dejar a dos niños pequeños huérfanos, entra ahora en su fase final con pruebas periciales que parecen no dejar lugar a dudas.
La víctima murió desangrada tras sufrir múltiples heridas de arma blanca y ser abandonada a su suerte en un paraje aislado. Tras el crimen, el agresor emprendió una huida que inicialmente despistó a los investigadores. Sin embargo, el rastro digital que dejó su dispositivo móvil fue su perdición. Gracias al análisis del GPS y de las antenas de telefonía, la Policía logró situar al sospechoso en un cortijo de chatarreros ubicado en San Clemente (Cuenca). El despliegue policial posterior obligó al fugitivo a entregarse sin ofrecer resistencia, al verse rodeado y sin posibilidad de escape en una zona que creía segura.
Relatos estremecedores de violencia previa
Durante la sesión de este jueves, el tribunal también ha escuchado testimonios desgarradores de familiares de la víctima. Una tía de la fallecida testificó que la joven ya sufría agresiones físicas de forma habitual antes del fatal desenlace. Según su relato, la joven no denunciaba los malos tratos ni abandonaba al marido «por el amor que sentía hacia sus hijos» y por la esperanza de que la situación cambiara. Estas declaraciones refuerzan la tesis de la Fiscalía, que pide que se aplique el agravante de violencia de género, al considerar que el asesinato no fue un hecho aislado sino el punto álgido de una relación de dominio y terror.
Por su parte, la estrategia de la defensa se centra en intentar rebajar la calificación del delito de asesinato a homicidio, alegando que el acusado actuó bajo un estado de «arrebato» u obcecación. Esta postura ha sido recibida con indignación por la acusación particular, que recuerda que el agresor tuvo la sangre fría de huir de la escena del crimen y esconderse durante días en otra provincia antes de ser localizado por los medios tecnológicos mencionados. La crueldad de los hechos, con una víctima abandonada mientras agonizaba, choca frontalmente con cualquier eximente de comportamiento pasional irreflexivo.
La violencia que desola España
Este suceso en Montemayor se suma a una lista de crímenes violentos que están sacudiendo la conciencia nacional y que a menudo tienen componentes de marginalidad o entornos de difícil integración. La brutalidad empleada recuerda a otros casos trágicos que hemos analizado recientemente, como el de la mujer argelina que asesinó a la anciana que la acogía en Sevilla, quemándola viva. Ambos casos comparten un patrón de desprecio absoluto por la vida humana y una violencia extrema que desafía la seguridad ciudadana percibida en nuestras calles y hogares.
En el caso de Montemayor, la geolocalización no solo sirve para identificar al autor, sino para demostrar la premeditación y la alevosía. El hecho de que el móvil del acusado marcara el trayecto directo desde la vivienda familiar hasta el lugar donde fue hallado el cadáver, y su posterior ruta de escape hacia Cuenca, desmonta cualquier coartada sobre su paradero en las horas clave del crimen. La tecnología, a menudo criticada por su invasión de la privacidad, se erige aquí como el testigo mudo e infalible que la justicia necesitaba para dar respuesta a una familia destrozada.
Hacia un veredicto ejemplar
Se espera que el juicio concluya en los próximos días con el veredicto del jurado popular. La opinión pública cordobesa sigue con atención cada detalle de este proceso, no solo por la búsqueda de justicia para la joven de 26 años, sino también como una advertencia de que la violencia de género no quedará impune, por mucho que los agresores intenten ocultarse en las grietas del sistema o huir a cientos de kilómetros. El castigo esperado por la Fiscalía es la pena máxima contemplada en el Código Penal, dada la concurrencia de factores que agravan la responsabilidad criminal del procesado.
Mientras tanto, los dos hijos de la pareja permanecen bajo la tutela de servicios sociales y familiares, siendo las víctimas invisibles de una tragedia que pudo haberse evitado si los mecanismos de protección hubieran detectado a tiempo las señales de alarma que su propia familia ha relatado hoy ante el juez. El crimen de Montemayor quedará registrado en las crónicas de sucesos de 2026 como el caso donde la geolocalización móvil fue el instrumento necesario para que el asesino no lograra su objetivo último: la impunidad a través de la huida.
