Desde el sector advierten que la medida extraordinaria multiplica el estrés de la conducción; Adif elude así la responsabilidad de las incidencias
Adif impuso la «marcha a la vista» en varios puntos conflictivos de la red ferroviaria española después del accidente en Adamuz (Córdoba), donde murieron 45 personas. Esta orden especial obliga a los conductores a regular la velocidad según la visibilidad de la vía, de modo que puedan detener el tren ante cualquier obstáculo, y supera los sistemas automáticos de protección como LZB y ERTMS.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del ministerio cuya dirección detenta el tuitero, Óscar Puente, adoptó esta decisión antela multiplicación de fallos en las infraestructuras tras el siniestro cordobés, aunque el sindicato SEMAF no ofreció declaraciones oficiales todavía.
Fuentes cercanas a los Centros de Regulación de Circulación explicaron a Voz Pópuli que Adif aplicó la medida con mayor intensidad en zonas como Chamartín y Atocha-Cercanías, además de otros tramos de la red nacional.
El uso del término «obligación» implica que cualquier colisión bajo este modo se considerará automáticamente un incumplimiento del maquinista, ya que el reglamento presupone que, si hubiera ido a la velocidad adecuada a su visibilidad, se habría detenido con margen.
La ‘marcha a la vista’ transfiere la responsabilidad
El Reglamento de Circulación Ferroviaria define esta modalidad como una obligación para el maquinista de avanzar con precaución y regular la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que visualiza por delante del puesto de conducción, de forma que pueda detener el tren ante cualquier obstáculo.
Los conductores expresaron su inquietud a título personal al citado medio que la práctica aumenta el estrés al exigir una vigilancia constante de la vía, reducción de velocidad y cumplimiento estricto de horarios en una red bajo presión por nuevos operadores y mantenimiento insuficiente.
Las mismas fuentes recordaron el precedente del accidente de Angrois en Santiago de Compostela, donde el maquinista recibió una condena de dos años y seis meses de prisión por exceso de velocidad que causó 80 muertes.
