Grave amenaza a la estabilidad nacional: invasión silenciosa que pone en jaque nuestra identidad cultural y la seguridad en España
En un contexto de políticas laxas impulsadas por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, la llegada de inmigrantes irregulares a España ha experimentado un incremento descontrolado del 685% en los últimos ocho años, pasando de apenas 107.000 en 2017 a casi 840.000 en 2025, según un informe del centro de análisis Funcas. La inmigración como invasión silenciosa.
Esta cifra representa el 17,2% de la población extranjera no comunitaria, un lastre que pone en jaque la cohesión social, la economía y la seguridad del país.
El grueso de estos irregulares proviene del continente americano, con un 90,4% del total: alrededor de 760.000 personas.
Colombia lidera la lista con 290.000, seguida de Perú (110.000) y Honduras (90.000). África aporta unos 50.000, Asia 15.000 y Europa 14.000.
Expertos como María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, advierten de la «escasa planificación» en la política migratoria española, que ha permitido este caos bajo administraciones de izquierda que priorizan el multiculturalismo sobre la soberanía nacional.
Reformas permisivas
Este boom migratorio coincide con reformas permisivas en el Reglamento de Extranjería, como las de mayo de 2025, que facilitan la regularización por arraigo (social, familiar, laboral y formativo).
El Gobierno pretende legalizar a 900.000 extranjeros entre 2025 y 2027, una medida que, en lugar de resolver el problema, lo perpetúa al atraer más flujos irregulares.
Históricamente, antes de 2005, España lidió con más de un millón de irregulares mediante regularizaciones extraordinarias, pero el actual modelo de arraigo continuo solo maquilla la realidad, permitiendo crecimientos explosivos durante periodos de altas entradas.
Consecuencias devastadoras
Las consecuencias son devastadoras. Esta inmigración desordenada sobrecarga los servicios públicos, desde sanidad hasta educación, y fomenta la economía sumergida, reduciendo las contribuciones al sistema de bienestar.
En un país con altas tasas de paro juvenil y tensiones en el mercado laboral, priorizar mano de obra no cualificada de fuera erosiona las oportunidades para los españoles. Además, sin controles estrictos, crecen los riesgos de delincuencia y radicalismo, como han demostrado incidentes recientes en fronteras como Canarias y Ceuta.
Funcas urge a enfocar la inmigración en sectores con escasez laboral cualificada, promover el crecimiento económico y la productividad para una integración real.
Pero mientras el Ejecutivo socialista siga con su agenda abierta, España paga el precio de una invasión silenciosa que amenaza nuestra identidad cultural y estabilidad.
