Los irregulares deben cumplir con unos requisitos mínimos que son demasiado laxos y podrían fomentar el fraude y la llegada masiva
En un nuevo golpe al control migratorio y al procedimiento democrático, el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, en connivencia con Podemos, ha anunciado una regularización masiva de inmigrantes irregulares a través de un real decreto que esquiva el Congreso.
Esta medida, calificada por los socialcomunistas como «ágil y efectiva«, pero vista por críticos como un imán para la inmigración ilegal, podría beneficiar a más de medio millón de personas sin papeles, agravando la presión sobre los servicios públicos ya saturados en España.
La iniciativa, impulsada por la izquierda radical y justificada con argumentos como la contribución de los extranjeros al 14% de los afiliados a la Seguridad Social, permite obtener permisos de residencia y trabajo de forma exprés.
Sin embargo, expertos y sindicatos policiales advierten de que esta «amnistía» no solo ignora los riesgos de seguridad, sino que podría disparar la demanda en sanidad, vivienda y otros recursos escasos, en un contexto de crisis económica y social heredada de políticas progresistas fallidas.
Una puerta abierta con pocos filtros
Para optar a esta regularización, los inmigrantes irregulares deben cumplir con unos requisitos mínimos que, según detractores, son demasiado laxos y podrían fomentar el fraude y la llegada masiva de nuevos irregulares.
Los criterios establecidos son los siguientes:
- Residencia en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025: Los solicitantes deben demostrar haber vivido en territorio español en ese período, o haber pedido protección internacional antes de esa fecha. Esto abre la puerta a miles que han burlado los controles fronterizos, sin exigir pruebas rigurosas de integración o contribución real a la sociedad.
- Ausencia de antecedentes penales: Un requisito básico, pero insuficiente según el Sindicato Unificado de Policía, que alerta de que no cubre antecedentes policiales no condenados, permitiendo potencialmente la entrada de individuos vinculados a delitos no resueltos.
El planteamiento policial es el siguiente: ¿Cómo garantizar la seguridad nacional con filtros tan débiles? De hecho, el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha alertado del impacto que el proceso tendrá en las unidades de Extranjería y Fronteras. S
Según el sindicato, estas brigadas ya trabajan con plantillas ajustadas y una elevada carga administrativa, lo que dificulta asumir de forma simultánea cientos de miles de nuevos expedientes.
Un incentivo perverso
Una vez admitida la solicitud, en un plazo máximo de 15 días, los beneficiarios podrán trabajar inmediatamente en cualquier sector o lugar de España. Los permisos tendrán una validez inicial de cinco años para menores acompañantes, protegiendo la «unidad familiar», pero no otorgarán nacionalidad española, derechos de voto en elecciones autonómicas o generales, ni acceso inmediato a prestaciones no contributivas.
Aun así, esta medida se percibe como un incentivo perverso que podría atraer oleadas migratorias, similar a las regularizaciones masivas de Zapatero en 2005, que regularizaron a 565.121 personas con un 82% de éxito en solicitudes.
El período de solicitudes se abrirá a principios de abril y cerrará el 30 de junio de 2026, con resoluciones prometidas en tres meses. El Gobierno estima que hasta el 60% de los 840.000 irregulares en España al 1 de enero de 2025 podrían beneficiarse, superando en escala a las regularizaciones bajo Aznar (más de 200.000 en 2000 y 2001) y González, pero con un enfoque ideológico que prioriza la «inclusión» sobre el control.
Ataque a la soberanía y los recursos públicos
Esta decisión, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular estancada en el Congreso con 700.000 firmas, ha sido alabada por la ministra Elma Saiz y la exministra Irene Montero de Podemos, quien insiste en que «los papeles son derechos». Pero para la oposición conservadora, representa un bypass antidemocrático al Parlamento, agravando problemas como la saturación de las oficinas de Extranjería, denunciada por Jupol, y el colapso de servicios esenciales. «En lugar de reforzar fronteras y promover la inmigración legal y cualificada, el Ejecutivo opta por políticas populistas que hipotecan el futuro de los españoles», han manifestado fuentes del PP.
Además, se teme un efecto llamada que incremente la irregularidad, especialmente en un país con altas tasas de desempleo juvenil y tensiones en el mercado inmobiliario. La medida, compatible con una reforma al Reglamento de Extranjería vigente desde mayo de 2025, proyecta ingresos fiscales adicionales, pero ¿a qué coste para el contribuyente español?
En resumen, esta regularización exprés de la izquierda podría ser un bálsamo temporal para algunos, pero un lastre a largo plazo para la cohesión social y económica de España. La derecha urge un debate parlamentario real para priorizar la legalidad y la sostenibilidad.
