Pedro Sánchez abandona al sector primario español
La política del agua impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a provocar un fuerte choque con el sector agrario del Sureste español. Agricultores y comunidades de regantes de Alicante y Murcia han mostrado su rechazo frontal tras conocerse la intención del Ejecutivo de promover y facilitar financiación para infraestructuras hidráulicas en Marruecos, mientras se mantienen los recortes al Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura clave para el regadío en esta zona.
El anuncio ha sido interpretado por el sector como un nuevo episodio de agravio comparativo. Desde hace años, el campo del Sureste denuncia una estrategia restrictiva en materia de agua dentro de España, especialmente en cuencas con déficit hídrico, al tiempo que se respaldan proyectos similares fuera del territorio nacional. Esta contradicción ha avivado el malestar entre los productores agrícolas.
Los regantes cuestionan la coherencia de los criterios aplicados por el Ejecutivo. Mientras se justifican los recortes al trasvase por motivos medioambientales y climáticos, se avala la construcción de infraestructuras hidráulicas en Marruecos. A juicio del sector, esta doble vara de medir pone en duda el compromiso real del Gobierno con la seguridad hídrica, el equilibrio territorial y la soberanía alimentaria en España.
Las consecuencias de esta política se reflejan directamente en las explotaciones agrarias. La reducción del agua disponible, el aumento constante de los costes energéticos y la creciente dependencia de la desalación están poniendo en riesgo la viabilidad económica de muchas fincas. Los agricultores consideran que el agua desalada no es una solución suficiente ni sostenible para mantener la competitividad del sector.
A ello se suma la inquietud por la competencia internacional. Los productores hortofrutícolas del Sureste alertan de que reforzar el desarrollo hidráulico de Marruecos implica fortalecer a un competidor directo en los mercados europeos, especialmente cuando el campo español está sometido a mayores exigencias medioambientales, laborales y de costes.
Más allá del impacto económico, en Alicante y Murcia se extiende una sensación de abandono institucional. El sector percibe que las decisiones estratégicas en materia de agua se toman sin contar con los territorios más afectados por la escasez hídrica, una percepción que se intensifica cuando los fondos públicos se destinan a proyectos en terceros países.
El debate sobre el agua vuelve así al centro de la agenda política y territorial. Desde el campo del Sureste advierten de que, si no se produce un cambio de rumbo y no se adoptan medidas que garanticen el acceso al agua para el regadío, la conflictividad social y económica seguirá creciendo en una de las regiones más dependientes de la agricultura para su desarrollo.
