Junts acusa al PSOE de usar la regularización de inmigrantes como maniobra política
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado al PSOE de utilizar la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular como “una cortina de humo” para desviar la atención del caos ferroviario que vive el país, especialmente en Cataluña. Nogueras ha insinuado que el Gobierno “ha elegido el momento oportuno” para presentar la medida con el fin de ocultar el debate y la indignación ciudadana por los fallos y accidentes recientes en Rodalies.
“Quiero pensar que no se ha acordado ahora la regularización como cortina de humo para tapar el caos ferroviario, pero sí creo que al PSOE le convenía”, afirmó Nogueras ante los medios. La dirigente independentista se refería a los problemas estructurales del servicio de cercanías catalán, que han provocado retrasos masivos, averías constantes y un fuerte debate sobre la gestión del transporte público.
La medida que divide al Congreso
La regularización extraordinaria de inmigrantes, pactada entre el Gobierno y Podemos, busca otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de 500.000 personas que se encuentran en España en situación irregular antes de finales de 2025. El Ejecutivo defiende la iniciativa como un acto de justicia social y una respuesta humanitaria a miles de personas que ya forman parte del tejido laboral y social del país.
Sin embargo, desde la oposición y parte de los socios parlamentarios se cuestiona el momento político en que se ha presentado. Para Junts, “no es casualidad” que la medida se anuncie justo cuando el Ejecutivo enfrenta una tormenta política por la gestión ferroviaria, un sector que ha generado un profundo malestar ciudadano tras los últimos fallos operativos y un accidente con víctimas.
Reacciones del resto de partidos
El Partido Popular (PP) también ha insinuado que la regularización responde a una estrategia del Gobierno para distraer la atención mediática. Desde Génova denuncian que el PSOE “aplica medidas de gran impacto político” justo cuando necesita calmar la presión pública sobre la gestión de infraestructuras.
Por su parte, Vox ha calificado la propuesta de “efecto llamada encubierto” y ha reclamado un endurecimiento de las políticas migratorias, recordando su iniciativa previa sobre el coste de la inmigración ilegal en la región de Murcia, denunciada en este medio en la noticia “Antelo solicita un pleno monográfico para que López Miras explique el coste de la inmigración ilegal en la región”.
Cataluña, el epicentro del conflicto
El debate tiene una dimensión territorial. Nogueras recordó que Cataluña vive una “crisis ferroviaria crónica”, con infraestructuras “abandonadas” por el Estado y un traspaso de competencias de Rodalies aún en el aire. En su discurso, la portavoz de Junts subrayó que “Cataluña paga las consecuencias de un modelo de gestión centralizado y obsoleto”.
El grupo independentista exige al Gobierno una auditoría completa de las inversiones prometidas y un traspaso real de la gestión ferroviaria, con financiación suficiente. “Si el PSOE quiere hablar de justicia, que empiece por cumplir con Cataluña”, remachó.
Un contexto político al rojo vivo
El cruce de acusaciones llega en un momento especialmente tenso para el Ejecutivo. A la crisis del transporte se suma el debate interno sobre la financiación autonómica y las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En este contexto, la regularización de inmigrantes podría servir como moneda de cambio política para sumar apoyos en el Congreso.
Fuentes parlamentarias reconocen que PSOE y Podemos buscan consolidar una mayoría estable que permita sacar adelante sus principales iniciativas legislativas. Pero Junts, pieza clave en esa ecuación, advierte que no aceptará operaciones “de distracción” mientras persista la crisis ferroviaria.
El Gobierno se defiende: “Es una cuestión de humanidad”
Desde el Ejecutivo rechazan las acusaciones y aseguran que la regularización “no tiene nada que ver con la coyuntura política”. Según fuentes de Moncloa, la medida responde a “una demanda social y económica que ayudará a reforzar el mercado laboral, mejorar la integración y luchar contra la economía sumergida”.
Además, el Gobierno recuerda que España ya ha realizado procesos similares en anteriores legislaturas, como el de 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pese a ello, la polémica sigue creciendo, y la oposición ha pedido la comparecencia del ministro de Transportes para explicar los fallos del sistema ferroviario y la ministra de Inclusión para detallar el impacto real de la regularización.
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