Sindicatos de Policía alertan del riesgo para la seguridad de la falta de control de antecedentes policiales en el decretazo de regularización masiva de Sánchez
Residencia en España para ilegales multirreincidentes. El decretazo de regularización masiva de hasta 500.000 ilegales, planeado por Sánchez y Podemos, ha generado preocupación entre fuerzas de seguridad y jueces, porque ignora los antecedentes policiales, que registran detenciones sin necesidad de sentencia firme.
Fuentes judiciales precisan que, cuando extranjeros entran legalmente y solicitan permiso de residencia, el Estado consulta a la Policía los antecedentes de detenciones. En cambio, con el decretazo de Sánchez, sólo pregunta a los tribunales, que tardan años en dictar sentencias firmes.
‘Desde la primera detención hasta la primera sentencia condenatoria puede haber un historial de 30 o 40 detenciones’
«Es un concepto normativo que se refiere a condenas judiciales. Desde la primera detención hasta la primera sentencia condenatoria puede haber un historial de 30 o 40 detenciones. Ninguna de esas detenciones sería obstáculos para la regularización que promueve el decreto», señalan esas fuentes a El Debate.
Además de legalizar el decretazo a ilegales con elevado número de detenciones policiales los solicitantes aún deben acreditar antecedentes penales, -como hasta ahora- pero también existe la posibilidad de tramitar su cancelación o borrado.
En ese sentido, la ausencia de antecedentes en un momento concreto no garantiza la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación.
Sindicatos policiales alertan sobre el historial de detenciones sin condena
David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), explica que los agentes usan los antecedentes policiales en controles preventivos para verificar órdenes de búsqueda, porque los antecedentes penales tardan años en consolidarse y durante ese intervalo pueden acumularse varias detenciones por el mismo delito.
Gutiérrez añade al citado medio que resulta más complicado expulsar a alguien con residencia otorgada, sobre todo en delitos graves como agresiones sexuales que han aumentado recientemente.
El sindicato Jupol advirtió que preocupa el criterio que se basa casi exclusivamente en la falta de antecedentes penales firmes. Una persona detenida recientemente por hechos graves puede no tenerlos aún por los plazos judiciales, y muchos procedimientos tardan meses o años en resolverse.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó la regularización masiva de irresponsable y señaló que el decreto, sin planificación ni medios, representa una temeridad que pone en riesgo la seguridad ciudadana. Uno de los motivos principales radica en la falta de recursos para verificar identidades y antecedentes reales de los solicitantes.
